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La Audiencia Nacional reconoce en su sentencia 5698/2021, de 23 de diciembre (ECLI:ES:AN:2021:5698) el derecho a la obtención de la nacionalidad española por residencia a un ciudadano británico que ha trabajado desde 1996 hasta 2015, fecha de su jubilación, en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, con sede en Alicante. En virtud del art. 11.b) del Protocolo núm. 7 del Tratado de Funcionamiento UE, los funcionarios de la UE están excluidos de las disposiciones que limitan la inmigración y de las formalidades de registro de ciudadano de la Unión. La Dirección General de los Registros y del Notariado había entendido que su residencia no era legal, al no poder estar acreditada con la documentación de extranjería.