Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario: Resolución del Parlamento Europeo

Mayte Echezarreta Ferrer, directora del OEG

Imprimir

Con fundamento en determinadas peticiones recibidas, el 6 de mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009 sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario. También conocido como Informe Auken, se hace eco así la UE del malestar de muchos ciudadanos europeos residentes en las costas españolas ante la inseguridad jurídica provocada por las irregularidades cometidas por agentes urbanísticos, en muchas ocasiones con el beneplácito de entidades públicas, tanto locales como regionales.

Se trata de un informe elaborado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que subraya la falta de diligencia de las autoridades españolas en la protección de los derechos de los ciudadanos europeos que han sido victimas de la urbanización masiva en zonas costeras de España y que se ven obligados a recurrir a instancias europeas. Se destaca el desconcierto de estos ciudadanos, así como de numerosos juristas, ante la falta de seguridad jurídica y la confusión producto de una legislación imprecisa o excesivamente compleja en materia de desarrollo urbanístico.

En la Resolución se exige, entre otras medidas: la suspensión y revisión de proyectos urbanísticos que no observen la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad social, un mayor respeto de los propietarios legítimos y sus derechos, y la restauración de la confianza en el sistema judicial español. Asimismo se recuerda que la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005 sobre las prácticas comerciales desleales, obliga a todos los Estados miembros a proporcionar a los consumidores que han sido víctimas de tales prácticas medios adecuados para obtener una tutela judicial efectiva y a garantizar el establecimiento de sanciones adecuadas contra dichas prácticas.

Según el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la UE, los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros; se reconoce así la competencia de los Estados miembros para establecer el régimen de la propiedad. Pero no es menos cierto que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones (artículo 7), así como a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. En fin, nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley, y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida (artículo 17).

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2009, sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas (2008/2248(INI)). Diario Oficial de la Unión Europea, 06 | 05 | 2010, (P6_TA(2009)0192)

Documento completo