La directiva establece condiciones para aquellos ciudadanos comunitarios que decidan acudir a otro Estado miembro para recibir asistencia médica y reclamen la devolución de su coste, lo que será posible bajo supuestos como que haya una lista de espera demasiado larga en su país.

El texto completa la normativa existente sobre cuidados de urgencia, que ya prevé el reembolso para el paciente en caso de que dicha atención se reciba en otros países, según explicó en rueda de prensa la eurodiputada popular francesa Françoise Grossetête, autora del informe respaldado hoy por la Eurocámara.

El visto bueno del PE ha supuesto “una estupenda victoria para los derechos de los pacientes”, afirmó en rueda de prensa la eurodiputada, mientras que el comisario europeo de Sanidad y Consumo, John Dalli, lo calificó de “notable paso hacia adelante”.

El texto final, no obstante, es menos ambicioso de lo que pretendían tanto el Ejecutivo comunitario como el Parlamento, sobre todo debido a las condiciones que defendieron los estados miembros para evitar que la normativa alentara el “turismo sanitario “.

Las negociaciones entre los Veintisiete para sacar adelante la propuesta duraron cuatro años, mientras que lograr un consenso con la Eurocámara, el siguiente paso hacia su aprobación definitiva, “ha sido un proceso duro y tenso”, admitió Grossetête.

Un grupo de países encabezado por España logró la inclusión de requisitos más estrictos sobre el reembolso de los tratamientos, con vistas a evitar un excesivo impacto sobre sus cuentas públicas, debido a los numerosos pensionistas afincados en sus territorios o a la llegada masiva de “turistas sanitarios” atraídos por el nivel de cobertura médica.

En primer lugar, será obligatorio contar con una autorización previa expedida por la sanidad nacional para aquellos pacientes afiliados en un Estado miembro que decidan acudir a otro país de la UE para recibir determinados tratamientos médicos.

Este permiso será necesario en tres supuestos: para solicitar tratamientos de enfermedades raras, para casos que requieran el ingreso del paciente durante al menos una noche, y si implican el empleo de material médico “de alta tecnología”, como la radioterapia u otras técnicas usadas en la oncología.

Los estados miembros podrán denegar la autorización para tratamientos en caso de que haya dudas sobre su calidad en el país en cuestión, y también si demuestran que se puede recibir el mismo servicio en el país de residencia en un plazo razonable.

La principal aportación del PE al texto ha sido lograr que los criterios de rechazo “sean claramente definidos”, para que no exista un “rechazo sistemático” de las peticiones, afirmó Grosstête.

Sin embargo, aún es necesario definir con precisión el plazo máximo que los pacientes tendrían que esperar para recibir tratamientos antes de poder solicitarlos en otro país, añadió la eurodiputada.

Además, con objeto de evitar que algunos ciudadanos se beneficien de los sistemas que ofrecen una mayor cobertura sanitaria, la normativa sólo contempla el reembolso de aquella parte del tratamiento de la que se haría cargo el país de afiliación del paciente.

“No queremos que nuestros ciudadanos vayan buscando tratamientos en otros países”, afirmó Dalli, quien subrayó que la mayoría de los pacientes prefiere recibir cuidados médicos en su país de origen.

Según datos de la CE, sólo el uno por cierto de los pacientes europeos reciben cada año prestaciones médicas en otros países, lo que supone un gasto público de unos 10.000 millones de euros en toda la UE, equivalente al uno por ciento del gasto total en Sanidad.

La entrada en vigor de la nueva normativa tendrá un impacto muy limitado en las arcas de los estados miembros, estimado en unos 30 millones de euros anuales.

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