La Verdad, 17 | 01 | 2011 - Noticia

El Parlamento Europeo (PE) votará el próximo miércoles la nueva propuesta de directiva de derechos sanitarios transfronterizos, que incluye variaciones introducidas por los estados miembros para evitar que el “turismo sanitario” acarree un coste excesivo para sus sistemas públicos de salud.

El texto, acordado por los Veintisiete el pasado mes de junio tras cuatro años de negociaciones, es menos ambicioso de lo que pretendía inicialmente la Comisión Europea (CE), y debe recibir ahora el visto bueno definitivo de la Eurocámara.

La nueva directiva creará un marco legislativo comunitario sobre los derechos de los pacientes para recibir asistencia médica en otros Estados miembros.

Una de las principales novedades es la obligatoriedad de contar con una autorización previa de la sanidad nacional para aquellos pacientes que decidan acudir a otro país de la UE para recibir determinados tratamientos médicos.

La autorización será necesaria para solicitar tratamientos de enfermedades raras, que requieran el ingreso del paciente durante al menos una noche o el empleo de material médico “de alta tecnología”, como la radioterapia u otras técnicas empleadas en la oncología.

Además, los estados miembros podrán denegar la autorización para tratamientos en caso de que haya dudas sobre la calidad de los servicios en cuestión.

Como regla general, se establece que el país de residencia del paciente será el que deba sufragar su tratamiento si este tiene lugar en otro país de la UE.

Para equilibrar el coste que esto conlleva para los Estados miembros, donde reside un número importante de pensionistas europeos, como es el caso de España, los países de origen de dichos ciudadanos pagan una compensación.

Además, con vistas a evitar que los ciudadanos de un país se puedan beneficiar de los sistemas médicos de otros que ofrecen una mayor cobertura, a los pacientes sólo se les reembolsará la parte del tratamiento que se le costearía en su Estado de origen.

La diferencia de precio correría a cargo de los pacientes, según explicaron fuentes comunitarias.

Con estas condiciones, los estados miembros confían impedir que haya grandes flujos de ciudadanos comunitarios que acuden a otros países a tratarse.

Actualmente, sólo el uno por cierto de los pacientes europeos reciben prestaciones médicas en otros países, lo que supone un gasto público total de unos 10.000 millones de euros en toda la UE.

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