La Eurocámara da luz verde a la restricción del turismo sanitario.  El paciente que recibe tratamiento en otro país deberá pagarlo de su bolsillo y le será devuelto al regresar a casa

La Vanguardia, 20 | 01 | 2011 - Noticia

Recibir un tratamiento médico en otro país comunitario será más complicado cuando entre en vigor la nueva directiva sobre movilidad de pacientes aprobada ayer por el Parlamento Europeo. Aunque la directiva deja claro que los pacientes europeos tienen derecho a ser tratados en otros países y clarifica las normas para que puedan ser reembolsados, la normativa también servirá para limitar el turismo sanitario.

Sobre el papel, la directiva permite a cualquier ciudadano de la UE viajar a otro país para tratar su enfermedad o conseguir un nuevo diagnóstico y que luego le sea reembolsado el gasto. Sin embargo, la nueva norma recoge las  situaciones en las que el paciente deberá pedir una autorización previa a la sanidad de su país: si el tratamiento requiere el ingreso del paciente durante al menos una noche o si se trata de una enfermedad rara cuyo tratamiento sea muy especializado.

El país de origen del paciente podrá denegar la autorización para tratarse en otro Estado si en el propio puede ofrecerse una asistencia sanitaria apropiada “en un plazo razonable” o si el tratamiento puede representar un riesgo para el enfermo. Si el paciente recibe asistencia sanitaria en otro país, deberá pagar de su bolsillo el tratamiento y posteriormente el servicio de salud de su país le devolverá el importe, aunque sólo la parte que se le costearía en su lugar de origen.

Desde la óptica de algunos gobiernos, el objetivo de la directiva es poner fin a la barra libre en los servicios sanitarios y evitar, por ejemplo, que un ciudadano viaje a otro Estado miembro con el único fin de saltarse la larga lista de espera que hay en su país para operarse o porque en su lugar de origen el tratamiento no es gratuito. No obstante, algunas cifras desmienten los temores de los gobiernos y demuestran que la mayoría de los pacientes prefieren recibir tratamiento en su país. Según Bruselas, la asistencia médica transfronteriza –que incluye tanto las urgencias como los tratamientos programados– sólo llega al 1% del gasto público sanitario en la UE.

Para el comisario europeo de Salud, John Dalli, la nueva legislación constituye “un importante avance para los derechos de los pacientes en Europa”. Lo cierto es que la directiva clarifica muchos aspectos de la movilidad de pacientes que hasta hoy estaban en un limbo legal. Sólo estaban regulados los casos de asistencia sanitaria urgente. Por ejemplo, cuando un turista sufre un percance estando de vacaciones en otro país europeo y necesita asistencia médica inmediata.

La directiva finalmente aprobada es menos ambiciosa que la que proponía la Comisión Europea. El borrador inicial obligaba a los estados a pagar el tratamiento de sus ciudadanos en otro país incluso si el paciente acudía a una consulta privada, pero el punto fue suprimido por España cuando ejercía la presidencia de turno de la UE.

España también peleó por un asunto que le afecta especialmente: el de la asistencia sanitaria de los jubilados que fijan su residencia en otro país de la UE, pero después vuelven a su país de origen para recibir un tratamiento. Sería el caso de un pensionista alemán residente en Mallorca que decide operarse de cataratas en Berlín. La directiva fijaba inicialmente que sería España la que debería costear el tratamiento, pero finalmente sería el país de origen –Alemania– el que debería asumir los costes.

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