En su Dictamen al Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010, el Comité de las Regiones reitera que los entes locales y regionales, por su proximidad a los ciudadanos, son los mejor situados para promover un mayor entendimiento de la ciudadanía europea y  para dar visibilidad a esa ciudadanía y a las ventajas concretas que ofrece a las personas. Asimismo, recuerda la responsabilidad que incumbe a todos los niveles de gobernanza de ayudar a construir una «cultura de los derechos».

Tras contextualizar la «ciudadanía europea» en el escenario creado tras la aprobación del Tratado de Lisboa, el Dictamen destaca el papel preponderante de los entes regionales y locales como «entes más próximos a los ciudadanos» al objeto de hacer posible el principio en virtud del cual las decisiones deben adoptarse del modo más abierto y cercano posible a los ciudadanos de acuerdo con el modelo de democracia de proximidad. Señala que los entes locales y regionales tienen una responsabilidad especial en la gestión de los problemas asociados a la circulación y la residencia de los ciudadanos europeos, así como en materia de acogida. Observa que el Informe de la Comisión (también disponible en este blog), a pesar de denunciar los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos de la ciudadanía europea, no presta la atención debida a las condiciones previas necesarias para hacer efectiva cualquier forma de ciudadanía y superar los obstáculos geográficos, culturales, lingüísticos, informativos y tecnológicos que impiden el ejercicio consciente y libre de los propios derechos y deberes, ni a los instrumentos de civismo que constituyen nuevos canales para transmitir la democracia y la ciudadanía.

Aborda de un lado, la necesidad de potenciar la ciudadanía activa en la vida de las comunidades locales como una de las formas de fortalecer la ciudadanía europea. De otro lado, cree preciso reforzar a escala europea las iniciativas en favor de la ciudadanía social, puesto que el acceso a los derechos sociales está ligado a unos criterios y a unos requisitos con rasgos discriminatorios que son contrarios al principio de igualdad y no discriminación que prevé el Derecho comunitario respecto de los ciudadanos de otros países miembros de la Unión Europea que ejercen su derecho a la libertad de circulación y de los ciudadanos de terceros países protegidos por el Derecho de la Unión Europea. Pide a la Comisión que las acciones que tiene previsto emprender para facilitar el acceso a la sanidad transfronteriza y poner en marcha proyectos piloto que permitan un acceso en línea seguro a determinados datos sanitarios de los ciudadanos europeos, contemplen la participación de los entes locales y regionales, por ser los más próximos a los ciudadanos. Desea que los entes locales y regionales participen en las acciones que la Comisión piensa emprender para mejorar el servicio de información a los ciudadanos, desarrollando un nuevo sistema de intercambio electrónico de datos para reducir retrasos y dificultades en el intercambio de información en el sector de la previsión social.

En tercer lugar, se refiere a la ciudadanía civil y pide que los entes locales y regionales participen en las nuevas acciones previstas para facilitar la libre circulación de los ciudadanos de la UE y de sus familiares originarios de terceros países, acciones que incluyen la no discriminación y el fomento de buenas prácticas y del conocimiento de las normas de la UE, mediante una mayor difusión de información a los ciudadanos de la UE sobre su derecho a la libre circulación.

En cuarto lugar, se refiere a la ciudadanía política, como uno de los aspectos fundamentales de la ciudadanía de la Unión. En este sentido invita a la Comisión a emprender acciones específicas para promover el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos europeos a participar en las elecciones municipales del país en el que hayan establecido su residencia y también en las elecciones europeas y subraya la necesidad de garantizar a los ciudadanos de la Unión el pleno acceso a la información en los Estados miembros como requisito previo para su participación política activa.

En quinto lugar, y dentro del concepto de ciudadanía administrativa, subraya la necesidad de intervenir a nivel local y regional en favor de una simplificación administrativa, sobre todo en el ámbito de la cooperación transfronteriza, en la que los ciudadanos encuentran las mayores dificultades para ejercer sus derechos, que haga efectivos los derechos de la ciudadanía europea –en particular la libertad de circulación–y de eliminar todas las prácticas disuasivas u otras formas de discriminación que establecen diferencias de trato entre los ciudadanos de la UE, especialmente en lo que se refiere a la concesión del permiso de residencia y recuerda, para facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación de los ciudadanos, la necesidad de mejorar el intercambio de datos electrónicos entre las administraciones públicas de los países de la Unión, así como la comunicación de éstas con los ciudadanos.

Finalmente, y dentro del concepto la cultura de la ciudadanía, reafirma la responsabilidad que incumbe a todos los niveles de gobernanza de ayudar a construir una «cultura de los derechos» concienciando a los ciudadanos de sus derechos y deberes. En este sentido, apoya la intención de la Comisión Europea de proclamar 2013 como Año europeo de los ciudadanos y señala que los entes locales y regionales representan el nivel de gobierno idóneo para desarrollar iniciativas orientadas a la formación para la ciudadanía europea, tanto de escolares como de adultos y, en particular, de quienes desean convertirse en ciudadanos de un Estado miembro.