El Economista, 20 | 01 | 2011 - Noticia

El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por aclamación -a mano alzada y sin necesidad de realizar un recuento de los votos- la directiva que restringirá el turismo sanitario y regulará los derechos de los ciudadanos de la UE a recibir tratamiento médico en un país del bloque comunitario diferente del suyo.

La Comisión Europea lanzó la negociación entre los 27 Gobiernos de la UE sobre la normativa recién adoptada a mediados de 2008, con la intención inicial de aclarar las contradicciones acumuladas con el paso del tiempo entre la legislación en vigor y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. También pretendía ampliar los derechos de los pacientes.

Pero el tiro le salió por la culata en lo que a ampliación de derechos se refiere. Las capitales europeas le dieron un vuelco a la propuesta legislativa, cuya redacción final se preocupa de evitar que los sistemas públicos de Sanidad sufran un aumento del gasto que ponga en peligro sus presupuestos y su sostenibilidad, más que de favorecer la libre circulación de enfermos.

2.000 millones de euros

A la cabeza de la negociación contra los planes iniciales de Bruselas se puso la entonces ministra española de Sanidad y ahora de Exteriores, Trinidad Jiménez. Aseguró que amenazaba con hacer un roto al año en los presupuestos de entre 1.800 y 2.000 millones de euros, entre el 2 y el 5 por ciento del gasto sanitario anual en España, según la información en aquel momento difundida por el Gobierno.

En un sistema descentralizado como el español, el impacto habría sido mínimo en Autonomías como Castilla y León; pero inasumible en otras como Andalucía o Comunidad Valencia, donde residen millares de jubilados extranjeros. Tras la votación de los eurodiputados, ya sólo falta la aprobación formal de los Gobiernos de la UE, que ya han expresado su acuerdo. Los Veintisiete disponen ahora de dos años y medio para integrar la directiva en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales.

Privatización encubierta

En la actualidad, cuando un jubilado alemán, por ejemplo, instala su residencia habitual en la costa española, Alemania paga al Estado español una tarifa plana para cubrir los servicios sanitarios que deba prestarle. Según la propuesta rechazada por España, si ese jubilado necesita ser operado y prefiere que sea en su país, en su idioma y con su familia -caso frecuente y lógico-, España también habría tenido que pagar la operación del alemán en Alemania.

España también ha introducido salvaguardas para prevenir una privatización por la puerta de atrás. Su sanidad pública cubre la atención en centros públicos y concertados. Pero dada la diversidad de sistemas en la UE, la futura Directiva abre la puerta a que deba financiar el tratamiento hospitalario de un español en un centro privado extranjero. Para evitarlo, Madrid ha logrado que los pacientes deban solicitar autorización previa para todo tratamiento en el exterior -salvo si es una urgencia imprevista durante una estancia en otro país-, y se ha reservado una batería de criterios para denegarla.

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