Propietarios de casas ilegales se beneficiarán de un proceso burocrático más sencillo y de unos costes fijos de referencia

La Voz Digital | Noticia

Los propietarios de viviendas ilegales que deban regularizar éstas en los próximos años podrán beneficiarse de diversas facilidades, según se desprende del acuerdo alcanzado por la Gerencia Municipal de Urbanismo y el Colegio de Arquitectos de Cádiz.

Representantes de ambas entidades, el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, por parte del Ayuntamiento de Chiclana, y el decano, Víctor Manuel Gómez, el secretario, Fernando Mejías, y el jefe del área de visado, David Sánchez, por parte colegial, mantuvieron ayer un encuentro para perfilar estas actuaciones.

La primera de las medidas será la creación de un protocolo base de actuación que agilice la burocracia que los afectados deben realizar. Con ello se conseguirá, además de la simplificación del papeleo, una reducción del tiempo en la tramitación administrativa, lo que hará que el tiempo para regularizar una vivienda se reduzca.

Por otro lado, GMU y Colegio de Arquitectos expondrán también al público información detallada sobre los honorarios de estos profesionales en este tipo de actuaciones, «que servirán para orientar a los propietarios», según explican. Esos «costes tipo», como los denominan fuentes municipales, harán que los dueños de viviendas de las Áreas de Gestión Básica «puedan hacerse una idea del coste del proceso», a su entender.

Seguridad jurídica

Además, en el encuentro, ambas entidades hablaron también del futuro Plan General de Ordenación de Chiclana. El Consistorio ha propuesto la creación de una mesa de debate en la que tengan cabida distintos arquitectos gaditanos que hayan prestado sus servicios con anterioridad en la localidad.

El objetivo de este organismo es recabar «propuestas de interés para ser integradas en el futuro Plan General de Ordenación Urbana, de manera que éste se adapte a las necesidades presentes y futuras del desarrollo y cohesión de la localidad».

El concejal de Urbanismo del Partido Popular, Andrés Núñez, ha querido resaltar «la constante labor que este equipo de gobierno está realizando en materia urbanística con el único objetivo de solucionar el problema social existente en Chiclana, así como en dotar de la máxima seguridad jurídica al suelo público municipal».

El Ayuntamiento pretende además, que la seguridad jurídica en materia urbanística «posibilite un definitivo desarrollo de nuestra localidad y atraiga el interés de empresas y comercios que asienten aquí su actividad económica, fomentando además la instalación de nuevas y mejores infraestructuras».

En estos momentos hay 15.000 casas sin licencia que deberán ser regularizadas en los próximos años. La mayoría de ellas fueron construidas sin ningún tipo de control técnico de seguridad o calidad, y no tienen el visado de obra que se exige a las nuevas construcciones y las cédulas de habitabilidad correspondientes. Cada una de ellas necesitará un proyecto de obra, y es ahí donde entra el papel de los arquitectos y arquitectos técnicos.

Esta especie de convenio marco ya fue anunciado hace unos años por el anterior gobierno municipal socialista. Aunque no se dieron datos concretos, sí se habló en su día de una reducción de costes (honorarios), para los afectados. Esta cifra, a día de hoy, sigue sin conocerse, aunque las nuevas medidas permitirán un acceso sencillo a esos proyectos.

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