La asociación que defiende sus intereses pide que se aplique una política similar a las de algunas viviendas en El Puerto de Santa María

La Voz Digital | Noticia

Los propietarios afectados por multas por construir una vivienda sin licencia o en zona no autorizada, que se aglutinan en la Asociación de Afectados por Sanciones Urbanísticas de Chiclana, piden una especie de indulto a sus delitos, y por ende, el final de las situaciones de embargos y congelación de cuentas bancarias y bienes que están sufriendo en algunos casos.

Desde esta entidad se recuerda que se han propuesto al Ayuntamiento distintas soluciones «que no supondrían prevaricar».

Una de ellas pasaría por paralizar los expedientes en virtud del establecimiento de unos convenios urbanísticos con el Ayuntamiento, desclasificando los suelos no urbanizables a suelos urbanos no consolidados, lo que a su juicio haría que las sanciones «quedaran sustancialmente minimizadas y se evitaría la demolición de las casas».

La última petición que realiza este colectivo es que en Chiclana el equipo de gobierno del Partido Popular y Ernesto Marín, haga lo que ha hecho su homólogo de El Puerto de Santa María, que habría respaldado la petición de indulto para varias casas que tienen sentencia firme de demolición. «Ese es el prototipo de un Ayuntamiento comprometido con sus vecinos», aseguran los afectados.

Desde la Asociación de Afectados se recuerda que la situación chiclanera es simular a la portuense. «Nuestro equipo de gobierno ya sabe de donde beber si es que quiere ayudar a solucionar el problema que ellos mismos agravaron cuando llevaron aproximadamente 2.000 expedientes sancionadores a la Fiscalía. Tienen la pelota en su tejado», apuntan.

La entidad que ya ha protagonizado varios actos de protesta contra su situación de ilegales recuerda que en el año 2000 «ya se cobraron unas cantidades a personas que, de buena fe, creyeron que iban a regularizarse sus viviendas del extrarradio, pues eso se les prometió desde el Ayuntamiento. El resultado fue que quedaron sin dinero y sin regularizar».

Hay que recordar que en la localidad se han dado en los últimos años una serie de condicionantes que han beneficiado la proliferación de inmuebles al margen de la legalidad.

Al boom urbanístico se sumó la dejación de funciones de los departamentos de disciplina urbanística, así como la inseguridad jurídica de los sucesivos planeamientos urbanos.

El concepto de que no había sanción para quienes 'auto construían' su vivienda en una parcela de su propiedad fue el germen de todo. Pero rápidamente hubo quien vio posibilidades de hacer un negocio muy suculento. Según las estimaciones de algunos colectivos, entre ellos los ecologistas, en la localidad podría haber más de 25.000 casas.

El PP cuando era oposición cifró esta cuantía en más de 40.000 inmuebles, pero la única cifra oficial es la que recoge la propia Junta de Andalucía, que habló hace meses de poco más de 15.000 inmuebles edificados sin permiso.

Zonas completas del extrarradio son ilegales y carecen de cualquier tipo de servicio básico como agua o luz eléctrica. La Asociación de Afectados por las Sanciones Urbanísticas consideran que en los últimos años la administración local ha dilatado los procedimientos, que curiosamente ahora se han agilizado. Ellos consideran que «muchas familias irán a la ruina» si se siguen aplicando las multas económicas que les están llegando.

Fuente original