El ministerio sostiene que deben eliminarse las viviendas construidas en la zona de dominio público y el alcalde defiende su legalidad. El derribo de las 596 casas que Costas ve irregulares debe esperar a 2018, cuando acabe la concesión administrativa.

Levante. EMV | Noticia

La falta de fondos para pagar las indemnizaciones impide a Costas ejecutar los derribos de las viviendas construidas dentro de los 100 metros de dominio público marítimo-terrestre. Ello hace que, como indicó el alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, no se vayan a demoler las edificaciones de la Costa Norte y cumplir la Ley de Costas. Así se lo trasladó la pasada semana el director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, en la reunión celebrada en Madrid. Domingo defendió la permanencia de las viviendas, en la misma línea que los afectados, que esgrimen la legalidad de las construcciones que el avance del mar ha dejado fuera de ordenación.
Esa falta de liquidez para indemnizar las demoliciones afecta a 596 construcciones del litoral castellonense que Costas ve ilegales. Si bien, el derribo de gran parte de ellas debe esperar a 2018 cuando finalizan las concesiones otorgadas a sus propietarios, agrupados en plataformas cívicas contra los derribos a que obliga la aplicación del deslinde de 1997, que revisa el realizado en 1993.
Ríos no se plantea el derribo de las casas construidas dentro de los 100 metros de dominio público en la costa norte de Benicarló por la falta de fondos. Según Domingo, en la reunión de Madrid, "el subdirector general y el jefe provincial de Costas mantuvieron que dentro de los 100 metros las casas tenían que eliminarse" mientras que Ríos aplaudió la postura del consistorio de mantener esas viviendas "porque tampoco habría dinero para pagar indemnizaciones a los propietarios".
Domingo sostiene que "para proteger la costa tiene que haber algo de dominio público que proteger, no viviendas, y nosotros consideramos que la protección de la costa es una obligación del Estado", concluyó el alcalde. "El problema es que muchos políticos de los que nos gobiernan no se saben las leyes, pero nosotros llevamos tantos años reivindicando que ya nos conocemos al dedillo todo el articulado".
Los argumentos han indignado a la Asociación de Vecinos de las partidas Riu, Surrac y Aiguaoliva, que no entienden el empeño del gobierno central en aseverar que hay viviendas ilegales en la zona, cuando "se construyeron al amparo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de la Ley de Costas vigente en su momento y cuentan con su licencia correspondiente", indicó Manuel Roca, presidente del colectivo.
Puntualizó que en Benicarló no hay ninguna casa en la zona de dominio público, que es la que se encuentra entre el punto donde rompen las olas y los acantilados, y que la zona de tránsito vendría fijada por el deslinde de 1993 y no en 1997 como se dijo, zona donde tampoco hay afectaciones a viviendas.
Roca explicó que tras estos espacios "6 metros más arriba, en la zona de servidumbre, hay una propiedad privada, en la que Costas tiene derecho a tránsito, de modo que se debería despejar para que las máquinas entren a acometer la primera fase de protección. Por otro lado, hay 14 metros más si es suelo urbano y de lo contrario 80 metros que es la zona de servidumbre".

Legalidad demostrada en 2008

El dirigente vecinal recordó que ya en 2008 tuvieron que demostrar la legalidad de las mismas aportando las correspondientes licencias que fueron remitidas al ayuntamiento y a la jefatura provincial de Costas. Entonces se había alcanzado un acuerdo con la jefatura provincial dirigida por Francisco Montoya, para firmar un protocolo de actuación que permitiera poner fin a la degradación del litoral norte.
El ayuntamiento, dice Roca, censó todas las viviendas que contaban con licencia de construcción amparadas por el PGOU anterior a 1986, para que el ministerio se comprometiera a permitir la permanencia de las mismas en la zona de dominio público si cuando se construyeron tenían licencia. Así, Costas las autorizaría sin que aumentaran su volumetría y con la objeción de que sólo se podrían hacer trabajos de mantenimiento. Las viviendas sin licencia se expropiarían para su derribo.
Según el plano urbanístico de que disponía el consistorio en 2008 quedarían afectadas por la línea de costas unas 75 y se tomaría como referencia la línea marítimo terrestre levantada en 1997.

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