La Consejería de Obras Públicas comienza a estudiar las alegaciones al borrador presentadas por administraciones e instituciones .La Junta trabaja con la intención de tener el decreto de regularización antes de final de año.

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«Estamos a la espera. Tenemos miedo por lo que pueda pasar con nuestras casas en el futuro y la preocupación entre los propietarios es tremenda, porque puede significar la ruina de muchas familias. Lo que queremos es que se regularicen de una vez por todas y que no nos den más largas». Con estas palabras expresa la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez, el enorme desasosiego por el que atraviesan los dueños de las viviendas ilegales cada día que pasa sin que saber a qué agarrarse para regularizar sus propiedades.

La misma tensa espera viven también los miembros de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), en la comarca oriental malagueña, que agrupa a unos 400 propietarios, la mayoría extranjeros. «No sabemos qué haremos si no nos satisface la salida que nos ofrezca el decreto de regularización. Hemos presentado nuestras sugerencias al documento y lo que único que podemos hacer ahora es esperar para ver qué pasa. De momento todo está en el aire», señala su presidente Phillip Smalley.

Y es que el decreto para la regularización de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable de Andalucía, que debía estar en un plazo de seis meses desde que en marzo pasado lo anunciara la consejera Josefina Cruz, tampoco estará listo este mes, manteniéndose así la incertidumbre sobre el futuro de las construcciones irregulares.

En el mejor de los casos habrá que esperar aún hasta noviembre o diciembre para verlo hecho realidad. Al menos, así lo señala el delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez.

Trámites

Esto significa que los propietarios de casas ilegales, unas 50.000 en toda la provincia, de las que más de 11.000 están localizadas en la Axarquía, tendrán que esperar todavía algunos meses a la entrada en vigor de la norma para poder iniciar los trámites de regularización.

Según Benítez, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía acaba de iniciar el estudio de las alegaciones presentadas por las administraciones e instituciones de Andalucía al borrador del decreto de regularización, entregado el pasado mes de julio.

«Las alegaciones que se tengan en cuenta y el decreto no podrán contravenir ninguna norma en vigor. Una vez informadas, será el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el órgano encargado de aprobar su entrada en vigor, ya que no tendrá que pasar por el trámite parlamentario», explica Benítez.

Los afectados sin embargo no están plenamente convencidos de que ver la norma aprobada antes de final de año y temen que la tramitación se pueda ver interrumpida por la convocatoria de elecciones en Andalucía.

Pesimismo

La presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez se muestra bastante pesimista. «Llevamos meses esperando a que nos reciba la directora general de Inspección Urbanística, Rosa Urioste, y no lo hemos conseguido. Lo mismo sucede con el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. No le interesamos a nadie. La sensación que tenemos es que nadie hace nada».

En cambio, el secretario del colectivo Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía, Mario Blancke, considera que no tiene sentido que a estas alturas la Junta deje para la nueva legislatura el decreto de regularización.

«Si el actual gobierno de la Junta quiere zanjar este asunto tendrá que tener listo el decreto antes de diciembre, porque si se retrasa deberá dejarlo en manos del nuevo ejecutivo que salga de las urnas en los comicios de marzo próximo y no creemos que los actuales responsables quieran desaprovechar todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora», afirma Blancke.

Mientras tanto, los afectados siguen a la espera, aún cuando el borrador de decreto de regularización no termina de convencer a gran parte de los propietarios, especialmente en los casos de edificaciones sin autorización administrativa y disconformes con el planeamiento, que lo único a lo que podrán aspirar es a un reconocimiento como asimilado al régimen de fuera de ordenación, siempre que se acredite que la vivienda en cuestión reúne las condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad y que haya transcurrido el plazo de prescripción de la infracción.

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