Residentes con viviendas ilegales en la comarca presentan alegaciones al borrador del Decreto de Regularización de la Junta de AndalucResidentes con viviendas ilegales en la comarca presentan alegaciones al borrador del Decreto de Regularización de la Junta de Andalucía .Extranjeros piden una salida legal para las viviendas en suelo no urbanizable con las licencias impugnadas.

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La Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA) no tiene ninguna intención de permanecer con los brazos cruzados a la espera de que la Junta de Andalucía decida cuál será el futuro de las 12.760 viviendas y edificaciones irregulares inventariadas hasta la fecha en la comarca de la Axarquía (22.000, según los ecologistas).

De hecho, el colectivo, que agrupa a unos 400 residentes extranjeros y que tiene entre sus objetivos conseguir la protección de sus propiedades y evitar la demolición de las viviendas, lleva cuatro años exigiendo de manera reiterada una solución «urgente» a la problemática de las casas ilegales en la comarca.

La última iniciativa de los extranjeros que residen en la Axarquía ha consistido en la presentación de diversas alegaciones y sugerencias al borrador de Decreto por el que la Junta de Andalucía pretende regularizar el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Entre las consideraciones realizadas por SOHA ante la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas se encuentra la exigencia de una salida legal para las viviendas construidas al amparo de licencias y autorizaciones otorgadas por los ayuntamientos, pero que tras ser impugnadas por la Junta de Andalucía en los tribunales han terminado siendo anuladas judicialmente, pesando sobre las mismas ordenes de derribo.

Según el colectivo, el borrador de Decreto de regularización no hace referencia a este tipo de casos. «Desconocemos cuál ha sido el motivo por el que el borrador de Decreto no se plantea una solución específica de esos casos en los que existe una clara y patente responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos que otorgaron esas licencias revocadas», expresa SOHA en su escrito de alegaciones.

Huérfano

Para la asociación, el borrador se ha quedado huérfano en cuanto a la regulación de aquellas edificaciones en las que recaen sentencias firmes de derribo, situaciones, que según el colectivo, son muy comunes en la comarca de la Axarquía, de ahí que exijan a la Administración autonómica que profundice en este aspecto y ofrezca soluciones factibles para los miembros de la asociación.

Según SOHA, la Junta debe tener en cuenta los efectos que la aprobación de los nuevos PGOU en tramitación tendrán sobre tales viviendas. En concreto, el colectivo solicita que se incluya en el Decreto una regulación legal que analice los casos de imposibilidad legal de ejecución de las sentencias firmes, cuando se produzca hecho sobrevenido de la aprobación de un nuevo PGOU que normalice la situación de estas viviendas.

Justicia

En este sentido, la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas sugiere a la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo que se facilite la coordinación con la Administración de Justicia para establecer un procedimiento legal que permita la legalización de todas y cada una de las viviendas construidas en la Axarquía, incluidas las edificaciones que tienen impugnadas sus licencias, que fueron otorgadas por los propios ayuntamientos.

«De lo contrario se puede dar el caso de que existan dos viviendas juntas en suelo no urbanizable, una construida con licencia, aunque impugnada, para la que no hay solución en el Decreto, y otra edificada sin licencia, pero que si podrá ser legalizada a través de la figura de asimilado al régimen de fuera de ordenación», explica el portavoz del colectivo, Philip Anthony Smalley.

Tipos de edificaciones

El borrador de la Junta distingue entre las viviendas que son conforme con la normativa urbanística y cuentan con la preceptiva autorización administrativa y las que carecen de licencia, aunque ambas podrán ser legalizadas. En e segundo de los casos el decreto estable incluso el procedimiento a seguir.

Sobre las que cuentan con autorización pero son disconformes con el planeamiento urbanístico, aunque quedarán en el régimen legal de fuera de ordenación, podrán obtener licencia de primera ocupación.

Las construidas sin licencia y disconformes con el planeamiento, en cambio no podrán ser legalizadas, según el borrador de Decreto. Sin embargo, si estable los requisitos y el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en el que deberá quedar siempre que se acredite que la edificación reúne las condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad y que ha transcurrido el plazo de prescripción de la infracción.

La regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad que deben presentar las edificaciones se definirán en el PGOU de cada municipio o bien mediante una ordenanza municipal.

Protección

Según Smalley, la figura de asimilado al régimen de fuera de ordenación «no es nada, ya que no representa ninguna protección legal. Si un día un Ayuntamiento quiere meter una calle por medio de tu casa puede hacerlo sin mas», se queja el representante de la Asociación Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía. «No podrá obtener la licencia de primera ocupación. Si podrá ser inscrita en el Registro, pero es una tontería», asegura Philip Smalley.

La asociación insiste además en la misma petición que han venido realizando los alcaldes de la comarca y que tiene como finalidad que se diriman las responsabilidades derivadas de los presuntos delitos urbanísticos en la vía Contenciosa Administrativa y no en la vía Penal, como se ha venido haciendo hasta ahora.

Por último, Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía reclama a la Administración autonómica la creación de procedimientos más ágiles y sencillos dirigidos a facilitar la regularización de las edificaciones e instalaciones con licencias revocadas.

Soha considera que el Decreto complica bastante al tramitación en el caso de las viviendas en situación de asimilación legal a la fuera de ordenación, cuando en la Real Decreto 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa se simplifica el procedimiento.

El colectivo de residentes echa de menos en el contenido del borrador de Decreto la necesidad imperiosa de proteger los derechos de los «adquirientes de buena fe. Aquellas personas que compraron bienes inmuebles, que se encontraban en una situación irregular o ajena a la normativa urbanística vigente en ese momento». Por ello, la Asociación propone que se establezca un mecanismo legal que garantice la información necesaria que permita a los compradores conocer la situación legal del inmueble que pretenden adquirir.

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