Sólo existe una orden de demolición, pese al centenar de casas sin licencia que hay en una zona de Guadassuar.

Levante-EMV | Noticia

Jacqueline y Alfredo han esquivado el desalojo parapetados en su chalé. Superado el plazo de un mes dado por el juzgado número cuatro de Alzira para que abandonaran su casa, construida sin licencia en suelo no urbanizable en la partida del Casupet de Guadassuar, el matrimonio (él portugués y ella francesa, aunque empadronados en Guadassuar desde hace cuatro años) no quiere dejar su vivienda. "Ahora tenemos aquí a nuestros nietos, la pequeña tiene dos años, y no tenemos dónde ir", se lamenta la mujer.

El pasado 28 de julio, agentes de la policía local y de la Guardia Civil, según relatan los afectados, acudieron a la casa para proceder al desalojo. "No les abrimos", dice Alfredo Silva. Los numerosos perros de la pareja sí salieron a recibir a los agentes que, sin embargo, no traspasaron la puerta, según el marido. Tras este episodio, la pareja visitó a la policía para pedir que no ejecutaran la orden y, de momento, parece que su abogado ha conseguido suspender el desahucio, asegura Jacqueline.

Alfredo y Jacqueline son los únicos residentes del Casupet, una zona plagada de viviendas ilegales, sobre los que se cierne una orden de demolición. El juzgado considera que su chalé no es legalizable según las ordenanzas y el plan general de ordenación urbana (PGOU). Lo que no tiene en cuenta es que el nuevo PGOU prevé, a requerimiento del Consell, la regulari?zación de todas las casas ilegales del Casupet, más de un centenar.

A mediados de abril la pareja recibió la orden de demolición de su casa. Ellos son los únicos extranjeros en esta partida, poblada mayoritariamente por vecinos de Algemesí que han construido chalés, algunos incluso con piscina, a pesar de que las ordenanzas prevén que sólo podrán construirse casas de aperos en las parcelas con más de 10.000 metros cuadrados de terreno, según informó ayer el alcalde, José Ribera. El matrimonio considera que se les persigue "por racismo, por no conocernos". Y culpan al ayuntamiento de la denuncia y el acoso judicial.

Por su parte, el alcalde asegura que el ayuntamiento ha cumplido con las advertencias, inspecciones, denuncias y sanciones para evitar las construcciones ilegales, "pero nuestras denuncias son de pueblo, y a esas no hacen caso".

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