Alegarán al documento porque «complica las cosas mucho más»

 Ideal | Noticia

Los afectados por las viviendas ilegales en la zona del Almanzora y el resto de la provincia alegarán al decreto que la Junta de Andalucía ha elaborado para tratar de dar una solución a la situación en la que se encuentran unos 30.000 propietarios en todo el territorio provincial, aunque sólo en el valle del Almanzora se cifran en unos 12.000 -muchos de ellos, ciudadanos británicos- a los que se suma otra cantidad similar en la Axarquía.

Y es que, como explicaba ayer a IDEAL Patricia Sampson, portavoz de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No -AUAN-, la futura norma autonómica, aún en borrador, «aunque sin duda tiene algunas cosas beneficiosas, son muy pocas y, al final, se convierte en una factura para los propietarios, sin tener en cuenta que muchos de ellos ya han pagado».

«El decreto hace que paguemos los mismos, pero no los que son en realidad responsables de nuestra situación», se quejaba la residente británica.

De ahí que, avanzaba, el colectivo haya decidido presentar alegaciones antes de que concluya el plazo de información pública fijado para finales de este mes.

No en vano, subrayó, «no ofrece soluciones a los problemas importantes que tenemos, crea un camino muy largo y complejo pero no establece medidas transitorias para la gente que está en pleno procedimiento jurídico o que, incluso, no tiene acceso a los servicios de luz y agua». «Estas categorías de afectados necesitan unas medidas más rápidas que las que recoge el decreto», insistió Sampson.

La portavoz de AUAN se pronunciaba así ayer tras la reunión que el colectivo mantuvo en la sede de la Asociación Provincial de Empresarios del Mármol (APEM), en Macael, con representantes de promotores, ciudadanos, ecologistas, arquitectos, abogados, miembros de la función local, notarios, urbanistas y demás agentes sociales. Un encuentro al que tampoco faltaron los alcaldes del valle del Almanzora y, en concreto, los de Macael, Albox, Albanchez, Cantoria, Oria, Partaloa y Zurgena, aunque sí los representantes de la Consejería de Viviendas y Ordenación del Territorio, que habían sido invitados, y cuyo objetivo, explicaron desde el colectivo, fue «vislumbrar el fin del bosque de inseguridad jurídica y el caos urbanístico e inmobiliario que, todos lamentamos, ha asolado esta zona».

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