La Comisión Europea (CE) ha emplazado a España a que deje de negarse a expedir la tarjeta sanitaria europea (TSE) a ciudadanos no españoles de la UE que no sean trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia ni pensionistas, pero que tengan derecho a asistencia sanitaria por residir en España.

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La Comisión Europea (CE) ha emplazado a España a que deje de negarse a expedir la tarjeta sanitaria europea (TSE) a ciudadanos no españoles de la UE que no sean trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia ni pensionistas, pero que tengan derecho a asistencia sanitaria por residir en España. Dado que la legislación española permite a estas personas que no ejercen ninguna actividad económica el acceso a los sistemas públicos de asistencia sanitaria, dichas personas deben beneficiarse de las prestaciones a las que da derecho la TSE, dice la Comisión. La TSE demuestra que su titular está asegurado para recibir asistencia sanitaria de régimen público, y que tiene derecho a acceder a los servicios sanitarios que precise durante su estancia temporal en otro Estado miembro.

RETICENCIAS

Pero España, que mantiene un contencioso con varios servicios sanitarios europeos por la tardanza en cobrar la asistencia sanitaria a ciudadanos de la UE que son atendidos en España, en el fenómeno conocido como turismo sanitario, no reconoce que los ciudadanos en cuestión son personas aseguradas a tenor de lo dispuesto en la normativa de la Unión sobre coordinación de la seguridad social. Este es un asunto que se solucionará en cuanto entre en vigor la directiva de asistencia sanitaria transfronteriza, que España mantuvo bloqueada hasta que en su texto se introdujeron garantías de pago de los ciudadanos europeos atendidos en España.

Pero, mientras tanto, la CE ha dirigido a España su "emplazamiento", que formalmente adopta la forma de un dictamen motivado de procedimiento de infracción. España dispone ahora de dos meses para notificar a la Comisión las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las normas de la UE y hacer alegaciones. Si no lo hace, la Comisión podrá decidir denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, que podría iniciar un proceso judicial.

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