Muchos de los dueños de estas propiedades fueron objeto de investigación de la Fiscalía, con objeto de dilucidar las consecuencias penales, incluido el posible derribo de las casas. Sin embargo, el Ministerio Fiscal admitió que dejó prescibrir por descuido muchos casos, que implicaban explorar el papel de funcionarios y políticos. La Administración regional intenta ahora sacar adelante un plan que haga posible que estas viviendas en situación alegal sean regularizadas por parte del Ayuntamiento de Cartagena.

La Verdad | Noticia

A punto de salir del horno o de quemarse por exceso de cocción, el Plan de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso ha recibido ya el visto bueno del 'chef' encargado de cocinarlo: el director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad en funciones, Pablo Fernández, quien aseguró, hace pocos días, que el texto ha pasado ya por el filtro de los servicios jurídicos y que solo resta el control de los organismos consultivos antes de su aprobación por la vía del decreto.

Fernández admitió que puede haber cierto escepticismo entre los afectados por este plan, que especifica los grados y las figuras de protección ambiental y territorial en toda la zona y que establece las limitaciones sobre cualquier nueva edificación o consolidación de las viviendas existente. En el PORN debe detallarse también el número y ubicación de las casas que no pueden mantenerse en pie por la agresión que suponen para el entorno.
Sin embargo, este dirigente, quepodría ser relevado en cuestión de días tras las últimas elecciones autonómicas, aseguró que ha dejado el proyecto «totalmente encarrilado» y que, a su juicio, «su aplicación permitirá salvar el 95% de las viviendas existentes en toda la zona». La clave para conseguirlo es la utilización de la figura de los núcleos rurales, que «amparará la existencia de grupos de casas a partir de los que tengan al menos tres viviendas en un área determinada».

Esta figura permitirá amparar en torno a cien inmuebles en suelo rural protegido, cuya construcción se hizo, cuando menos, en circunstancias dudosas, cuando no directamente sin permiso ni licencia de la Concejalía de Urbanismo alguna sometida a control ambiental. En estas circunstancias se encuentra un centenar de casas de pueblo, chalés, casas de campo y granjas.

Muchos de los dueños de estas propiedades fueron objeto de investigación de la Fiscalía, con objeto de dilucidar las consecuencias penales, incluido el posible derribo de las casas. Sin embargo, el Ministerio Fiscal admitió que dejó prescibrir por descuido muchos casos, que implicaban explorar el papel de funcionarios y políticos. La Administración regional intenta ahora sacar adelante un plan que haga posible que estas viviendas en situación alegal sean regularizadas por parte del Ayuntamiento de Cartagena.

Mientras tanto, el Foro Cartagena Oeste, que agrupa a las asociaciones de vecinos de la zona objeto de protección, está dividido. Unos son partidarios de defender que haya más núcleos rurales para salvar lodas las casas; otros defienden recurrir a los propietarios de la zona con grandes extensiones de terreno para establecer, por medio de ayudas, un plan de conservación del área.

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