Tras la aprobación de esta normativa en el pleno del Parlamento, los Estados miembros tienen ahora dos años y medio para incorporar la norma a sus respectivas legislaciones nacionales.

Por ello, ha explicado Abarca en declaraciones a Europa Press, “habrá que estar atentos” a cuando se haga la trasposición a nivel nacional para que “no haya ningún tipo de discriminación con respecto a la sanidad pública” y la norma sea aplicable “tanto si el paciente quiera venir a un hospital público o uno privado”.

“España cuenta con una sanidad pública y privada de alta calidad que funciona bien, ya que se hace a un precio mucho más coste eficiente que en otros países, de ahí que debamos proteger nuestro mercado para que la gente de otros países no se venga a operar aquí”, señala este experto.

No obstante, advierte de que “tampoco puede haber una restricción total para la entrada de pacientes” ya que, a su juicio, “supondría una disminución de oportunidades, no como gasto sino como ingreso, sobre todo en tiempos de crisis”.

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