Informe de la la Subcomisión de Extranjería del CGAE

El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Subcomisión de Extranjería, quiere expresar su satisfacción por algunas de las mejoras introducidas en el texto de la LO 4/00 de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería, tras ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, también muestra su preocupación por la permanencia de aspectos que inciden negativamente en derechos fundamentales de la persona y confía en que el trámite parlamentario en el Senado permita resolver estos problemas.

La Subcomisión de Extranjería apunta que tras el debate en el Congreso “ha mejorado la Exposición de Motivos y la redacción de los artículos. 2bis y 2ter. referidos a la política inmigratoria, aún cuando se estima que la política migratoria que diseña el texto legal continúa orientada más a las medidas de control que a las integradoras. Asimismo hace una redacción del contenido de algunos derechos fundamentales como los de asociación, sindicación y huelga más ajustada al mandato constitucional expresado en las últimas sentencias del Tribunal Constitucional”.

La Subcomisión valora positivamente el esfuerzo por regular de forma más apropiada la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo y los supuestos de modificación de las mismas, siendo también destacable la preocupación del legislador por implementar mecanismos de protección en las situaciones de violencia de género, colaboración contra redes organizadas y, muy significativamente, la de las víctimas de trata de personas. En opinión de los expertos de extranjería del CGAE son también reseñables, aún juzgándose insuficientes, las mejoras técnicas sobre el reconocimiento de la capacidad de obrar de los menores no acompañados en los procedimientos de repatriación. También destaca positivamente que el nuevo texto remarque el papel integrador que deben jugar las Administraciones Públicas, garantice mejor el acceso de las ONGs a los centros de internamiento y proponga crear un Juzgado de Vigilancia de estos centros. La Subcomisión apunta que se introducen mejoras técnicas y algunas de las obligadas por la normativa europea.

Aspectos sin resolver con incidencia negativa en derechos fundamentales

La Subcomisión de Extranjería no quiere dejar de expresar su preocupación por la permanencia de aspectos que inciden negativamente en derechos fundamentales de la persona, sin dejar de confiar en que la tramitación parlamentaria en el Senado sirva para resolver estos problemas:

 - La regulación de algunos derechos y en particular del derecho a la asistencia jurídica gratuita tal y como se realiza en el art. 22 impone requisitos procesales adicionales a los extranjeros para poder acceder a la jurisdicción contencioso administrativa que podrían ser contrarios al mandato constitucional. La Subcomisión apunta que “es preciso hacer un esfuerzo último en el Senado para salvar adecuadamente estas sombras de inconstitucionalidad”. Asimismo, apuesta por “la conveniencia de regular expresamente el derecho de los menores no acompañados a la asistencia letrada en los procesos que puedan llevar a su repatriación”.

 - La ampliación de hasta sesenta días, un cincuenta por ciento más que en la actualidad, del internamiento sigue pareciendo “excesivo” a los expertos de Extranjería del CGAE “teniendo en cuenta el criterio expuesto por el Tribunal Constitucional en su STC 115/1987, pues va más allá incluso de lo que se permite en casos de extradición penal por los tratados internacionales”. Sin embargo, subrayan como mejora destacable en el nuevo texto que ya, en ningún caso, se podrá ampliar el plazo de internamiento más de 60 días.

- La limitación de la reagrupación familiar de los progenitores mayores de sesenta y cinco años “no favorece el marco familiar en que debe producirse la integración social de los extranjeros y es contradictoria con los objetivos expresados de la ley. Por otra parte, establecer el requisito de residencia de larga duración del reagrupante puede contravenir el tenor del Derecho europeo en materia de reagrupación”, según la Subcomisión del CGAE.

- “El cumplimiento del principio de proporcionalidad en los procedimientos sancionadores debe tener su plasmación tanto respecto de las cuantías y grados de las sanciones como de la elección de los procedimientos procedentes, preferente u ordinario, para aplicarlas, aspecto éste último en el que la Ley sigue dejando demasiado margen a la práctica habitual de los agentes policiales de optar de forma casi automática por el procedimiento preferente.”

Para la Subcomisión de Extranjería del CGAE, “el proceso de reforma debiera servir de escenario de reflexión a todos los estamentos implicados en la regulación de la situación jurídica de los extranjeros en España para desarrollar un Derecho de Extranjería, con vocación de permanencia y estabilidad, con la persona como centro de su regulación y con la firma voluntad de reconocer y garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes”.

En su opinión, “si las políticas de integración fracasan, podemos asistir a importantes brotes de xenofobia que deriven en acontecimientos de confrontación social poco deseables para nadie; máxime si tenemos en cuenta que las cifras de irregularidad pueden verse incrementadas en los próximos meses como consecuencia de una crisis económica aguda que en muchos casos impide la estabilidad de los permisos residenciales y de trabajo”.

La Subcomisión del CGAE espera que la tramitación en el Senado logre alcanzar un texto que plasme adecuadamente el principio de igualdad y no discriminación, esencial en cualquier ordenamiento interno o internacional y cristalizar además el principio según el cual ninguna persona (tenga documentos o carezca de documentación) es ilegal, aun cuando pueden serlo un número importante de sus actos, por lo que habrá que acomodar los diferentes ordenamientos jurídicos a tan fundamental principio. En este sentido, la Subcomisión manifiesta su más firme y comprometida voluntad de colaboración para alcanzar los expresados objetivos.