La atención sanitaria a los visitantes de origen nacional y extranjero cuesta 200 millones al año

La Verdad | Noticia

Frenar el turismo sanitario. Una de las grandes luchas vigentes desde 2007 es también una de las iniciativas lanzadas esta semana por el Consell dentro de las medidas para reducir el gasto sanitario. La Generalidad espera ahorrar con esta medida 10 millones de euros.

Quiere hacer más llevadera una partida que, según los últimos datos conocidos, cuesta 200 millones al año a la Comunitat. En ese montante total se incluye tanto la atención sanitaria a turistas nacionales -120 millones- como a extranjeros -80 millones- conforme a los datos de Sanidad facilitados en septiembre de 2010.

El vicepresidente del Consell, José Císcar, anunció el jueves una iniciativa cuyo destino es fijar una barrera al avance del turismo sanitario. Para ello se establecerá un mecanismo «de cobro directo a pacientes extranjeros que no documenten su cobertura o a los que tengan seguro privado».

El anuncio llegó carente de concreción en torno a los criterios de aplicabilidad. Císcar no ofreció pistas sobre cómo actuar y la conselleria no pudo responder. Y no solo eso, el planteamiento llamó la atención por su parecido -si no semejanza- con el que en anteriores ocasiones han ofrecido como solución los gestores de la sanidad pública.

La Generalitat ha abordado de forma reiterada la necesidad de frenar la escalada de turistas extranjeros que aprovechan su estancia en la Comunitat para recibir tratamiento médico e incluso someterse a intervenciones quirúrgicas, práctica que popularmente se conoce como turismo sanitario.

En 2007 el Consell aprobó la ley de aseguramiento del sistema sanitario, que se publicó en junio de 2008. En virtud de esta norma, como han explicado en distintas ocasiones desde la Conselleria de Sanidad, a los extranjeros que no acrediten el derecho a la gratuidad de la asistencia se les tiene que facturar el coste de la prestación recibida. En el caso de que dispongan de seguro privado, será a la aseguradora a la que se cargará la factura. La iniciativa lanzada anteayer difiere poco de esta disposición.

No es esta la única norma que sobre la materia ha precedido al reciente anuncio de Císcar. La batalla que en este campo se viene librando encontró hace justo un año, en enero de 2011, un buen aliado: el Parlamento Europeo.

El 19 de enero del año pasado la 'Eurocámara' aprobó una norma comunitaria con el objetivo de acotar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otros países miembros de la UE. Con ello se quería evitar poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales.

España, y con ello la Comunitat, consiguió la inclusión de requisitos más estrictos que los iniciales sobre el reembolso económico de los tratamientos, con vistas a evitar un excesivo impacto en sus cuentas, debido a los numerosos pensionistas afincados en su territorios o a la llegada masiva de los llamados turistas sanitarios.

La norma fue muy bien recibida en la Comunitat, donde se esperaba una importante repercusión de la misma. El entonces conseller y hoy diputado en el Congreso, Manuel Cervera, reclamó el «máximo rigor para lograr una compensación real y eficiente» del turismo sanitario. Repitió -enero de 2011-que la factura era de 200 millones.

Al parecer, ni la norma de 2007, ni la del año pasado consiguieron a derrota del contrincante a batir. El Consell ha reeditado ahora una medida con un contenido muy semejante para conseguir reducir el gasto en 10 millones.

La otra reivindicación es la reclamación a las Comunidades Autónomas el importe por la atención a sus ciudadanos. La Generalitat siempre ha criticado la falta de financiación del Estado. 

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