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26 Febrero 2012 La aprobación esta semana en el Senado de una moción en la que se insta al Gobierno a modificar la normativa de 1988 para garantizar el derecho de los propietarios devuelve la esperanza a los miles de afectados cuyas casas están amenazadas de demolición. Información | Noticia Cinco mil familias de la provincia (españoles y también la importante colonia de propietarios extranjeros) contemplan con optimismo la llegada del ministro Miguel Arias Cañete al Ministerio que controla el espacio marítimo-terrestre en España, tras el anuncio -esta semana ha recibido el visto bueno del Senado- de que en esta misma legislatura se va reformar la Ley de Costas de 1988, legislación que mantiene en un sinvivir a miles de familias en toda España por la permanente amenaza de derribo de las viviendas que adquirieron en su día, algunas antes de aprobarse la ley, con todos los parabienes legales. El trazado de nuevos deslindes, la mayoría recurridos y ganados en los juzgados, dejó fuera de ordenación miles de viviendas en la provincia, con casos tan delicados como los que viven 800 propietarios en la Albufereta (Alicante) y Arenales del Sol (Elche), que, como el resto de los residentes, compraron propiedades completamente legales, según la legislación vigente, que siguieron pagando escrupulosamente durante años los impuestos correspondientes y que, de la noche a la mañana, se encontraron con sus viviendas amenazadas de derribo. Se iniciaría entonces una batalla legal que llegó hasta Bruselas, y que terminó con un dictamen del Parlamento Europeo, que el 26 de marzo de 2009 ordenó modificar la ley para que se respetaran los derechos de los propietarios. El Gobierno, entonces con el PSOE mandando en Madrid, reculó, pero en mayo de 2011 volvería a reactivar su política contra las viviendas anunciando un nuevo deslinde. Esta semana, sin embargo, el Senado ha obligado al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy a modificar la legislación para respetar los derechos de los propietarios. Han pasado ya unos años, pero en la retina de Alfredo Masó, presidente de la asociación de propietarios afectados por la Ley de Costas en la playa ilicitana de Arenales del Sol, se mantiene como el primer día la imagen de un director general de Costas que en 1994 soltaba en el Ayuntamiento de Elche -consistorio que siempre ha estado junto a los vecinos- que su objetivo era que las 800 viviendas afectadas pasaran a ser una concesión para luego recuperarlas. Un planteamiento un tanto surrealista que nunca se llevó a la práctica y que hoy, tras el cambio de Gobierno, es ya prácticamente imposible. Incluso el propio Ejecutivo socialista, el mismo que aprobó la polémica Ley de Costas, suavizó las formas en la segunda mitad de la pasada década, como lo demuestra, por ejemplo, la solución que se adoptó en otra playa, la de San Juan, en Alicante, que el verano pasado estrenaba nuevos chiringuitos en el paseo marítimo. Lo cierto es que en Arenales del Sol las ochocientas viviendas amenazadas de demolición cuentan con todos los permisos, ya que se levantaron en los años 70 del pasado siglo conforme a la legislación vigente: La ley de Costas de 1969. Posteriormente y tras un deslinde en 1974, el Gobierno vendería terrenos y se construiría el hoy paseo marítimo en la avenida de San Bartolomé de Tirajana. Una infraestructura que para el que no conoce la zona puede dar a confusión, pero que se construyó mucho después de las viviendas. "Por supuesto que el que llega por primera vez y se encuentra con la imagen tiene que tener una impresión extraña, qué se ha hecho aquí, pero la realidad es otra", subraya Alfredo Masó. Lo cierto es que los vecinos de Arenales han perdido muchas batallas judiciales, por argumentos que consideran una burda maniobra de Costas, que acreditaba que tuvo que hacer el deslinde de 1997 porque el de 1974 estaba incompleto. Masó se ofrece, por otro lado, a abrir un "debate serio con los ecologistas para demostrar que nadie busca ningún pelotazo urbanístico. Basta ya de demagogia vergonzosa". No obstante, las viviendas siguen en pie, lo mismo que las otras 800 casas de la Albufereta (Alicante) -en esta zona residencial nadie ha recibido nunca un documento anunciando derribos, según apunta Carmen del Amo, que de propietaria afectada ha pasado a convertirse en la presidente de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley. Del Amo subraya que "en la Albufereta todo se hizo conforme a la legislación. En 1969, ésta establecía que las viviendas construidas en terrenos ganados al mar pasaba a ser de los propietarios. Hemos sufrido dos deslindes -1994 y 2004-, y fueron recurridos y tumbados por la Audiencia Nacional". Los propietarios alicantinos que tienen sus casas en zonas donde la aplicación de la Ley de Costas amenazaba con su derribo residen en la Albufereta -edificios Helios, Rocafel y Torre Alacant-, Arenales del Sol (Elche), Dénia, Xàbia, Santa Pola y Guardamar y, junto al resto de personas afectadas, presentaron una queja ante la UE. Existen serias dudas sobre si todas las líneas de deslinde que se han trazado son correctas. En concreto, el edificio Torre Alacant de la Albufereta, que teóricamente invade por un metro la zona de dominio público marítimo-terrestre, sería incluso legal debido que el nuevo deslinde no respetó las marcas originales de los años sesenta, según los afectados. Otro problema con el que se encuentran todos los propietarios es que pese a que las viviendas se construyeron en su día ajustándose a la ley y con los permisos oficiales correspondientes, ahora Costas las consideraba ilegales. "Por qué ahora tenían que aplicarnos una ley con carácter retroactivo. Es una práctica que no se realiza en ningún estado de la UE", recuerda Carmen del Amo. En Elche, Arsenio Gallego, propietario del hostal-restaurante Galicia, en primera línea del mar en la playa ilicitana de El Pinet desde que lo abriera su padre en 1947, ha recibido con satisfacción la aprobación del Senado por la que insta al Gobierno a poner en orden y modificar la Ley de Costas que desde hace veinte años amenaza el negocio que fundó su padre, y del que hoy viven sus hijos y las familias de sus empleados. "Me parece de maravilla que se vaya a cambiar la ley. La verdad es que nunca he recibo ningún requerimiento anunciándome la demolición. Hace unos años sí que hubo movimiento por un proyecto para construir un paseo marítimo pero al final todo se paró", asevera Arsenio Gallego. El hostal Galicia recibió en 1950 la concesión para ocupar el lugar durante 90 años.
Por otro lado y si con la modificación de la Ley de Costas no fuera suficiente, los propietarios afectados podrían hacer suya la propuesta del presidente del Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Alfonso Candau. Introducir modificaciones en la Ley Hipotecaria o en la Ley de Suelo para que propietarios que adquirieron viviendas pensando que estaban en regla, pero que luego fueron declaradas ilegales, tengan la garantía de que no serán demolidas, un temor que habitualmente comparten los no residentes que se plantean comprar una vivienda en España. Demoliciones en Pilar de la Horadada y en Guardamar Costas ha derribado desde 2007 una decena de chalés situados en la playa de Babilonia en Guardamar del Segura. La Administración procedió sobre estas edificaciones que "tocan" la arena de la playa y construidas como casas de verano por vecinos del interior de la Vega Baja hace más de cinco décadas. Pese a la entrada en vigor de la ley, los titulares pudieron mantener sus propiedades renovando una concesión con pago de canon anual por el uso del dominio público marítimo-terrestre que, en cualquier caso, expira para todas en 2018. Costas actuó sobre los propietarios que no la renovaron. Estos derribos suponen un pequeño porcentaje de las casi cien viviendas situadas en hilera a lo largo de la playa y que están tan cerca del mar que han sufrido en los últimos años los efectos de los temporales, acabando parcialmente con algunas de las construcciones que además no se podían remodelar por las limitaciones que impone la legislación en esos casos. Los vecinos afectados han cuestionado siempre la actuación de Costas, en este caso porque aseguran que se ceba con los pequeños propietarios y no contra quienes levantaron inmuebles durante el "boom" inmobiliario infringiendo la ley y que, en algunos casos, tienen orden de demolición que no se ejecuta, como es el caso del edificio Montegira en La Mata. La ley sí funcionó, no sin un largo proceso judicial previo, en el caso de los bloques levantados en Mil Palmeras a finales de los 80. Media docena de grandes estructuras levantadas en Torre de la Horadada fueron derruidas en el verano de 2008 no sin que antes el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, tuviera que compensar al promotor en otra zona de primera linea de playa. De la Marina Alta al "sky line" benidormí
En la Marina Alta los principales problemas se han concentrado siempre en las playas de l'Almadraba y Les Deveses (Dénia) donde habría unas 600 viviendas afectadas por los deslindes pendientes. En 2008 se constituyó una potente plataforma de afectados contra la aplicación de la ley con carácter retroactivo que acabó en Bruselas.
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