El Observador | Opinión (Rafael Yus, Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía)

EL pasado 30 de mayo, el diario El País publicó una noticia con el título “Fomento estudia amnistía para miles de viviendas ilegales”, indicando que “en un documento plantea eludir las sentencias de demolición si hay un comprador de buena fe”. A los lectores de esta sección no les sorprenderá que este asunto no nos deje indiferente. Al contrario, la noticia cae sobre un terreno abonado durante la precampaña y campaña electoral a nivel nacional, autonómico y local por parte del PP, partido que ha criticado reiteradas veces a la Junta de Andalucía por su política urbanística, especialmente por las restricciones que plantea a la “libre iniciativa empresarial del sector de la construcción”, a través de normas como la LOUA, el POT de la Axarquía, el POT de Andalucía, etc., prometiendo que, cuando estuvieran en el poder, iban a derogar todas estas leyes para permitir que los pueblos prosperen con la construcción. Una cantata al ladrillo que, como una pesadilla, vuelve una y otra vez. En este terreno abonado, el decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable que emitió la Junta de Andalucía a principios de este año, también fue caldo de cultivo para la campaña en las elecciones andaluzas, cuando el PP de nuevo aprovechó el tirón electoral de los miles de delincuentes urbanísticos repartidos en zonas como la Axarquía, Mijas, Chiclana, Medina Azahara, Almanzora, etc., donde se ha venido desarrollando la industria de la especulación urbanística de “la casa en el campo”, que reacios a seguir los procedimientos y asumir los costes de la regularización, demandaban simple y llanamente su legalización total sin condiciones, es decir, una amnistía en toda regla, sobre lo que el PP, hábilmente ,sembró esperanzas. Comprenderán ustedes, pues, que la noticia fuera totalmente creíble.

ANTE esta noticia, nos dispusimos a investigar cuáles son los fundamentos jurídicos y las razones políticas para preparar esta supuesta amnistía urbanística. Buscamos el documento que disparó esta noticia, titulado “Documento de alternativas a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas” –consultar AQUÍ- elaborado por el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, actualmente en manos del Partido Popular. Una vez conseguido el documento, y tras leer su farragoso contenido, nos quedamos estupefactos. Para comprenderlo les invito a leer nuestras conclusiones:

 

1.- EN conjunto, este texto parte de un diagnóstico bastante certero de la realidad inmobiliaria española, y también apunta buena parte de las posibles alternativas de salida de los vicios y excesos cometidos, básicamente con el cambio de modelo expansivo hacia la rehabilitación y mejora cualitativa de lo ya existente. El problema es que a partir del texto diáfano que fue inicial se le han insertado una serie de medidas y disposiciones inconexas, especialmente de tipo neoliberal y aplicando términos del modelo económico que origina gran parte de las disfunciones iniciales. En todo caso son palabras ambiguas y extrañas a la regeneración urbana. Por ejemplo:

 

a) Una promoción nueva es más competitiva que una rehabilitación en términos de mercado inmediato, pero desplaza las cargas al largo plazo hacia la administración.

 

b) Gran parte de las motivaciones que justifican una rehabilitación, una reforma interior u otros cambios urbanos, son culturales, sociales, afectivas, identitarias, etcétera; sin embargo, por su mayor peso racional se suelen imponer frente a criterios mercantiles puros.

 

DE tal modo que de nada sirve el positivismo extremo de dar definiciones de tres o cuatro términos técnicos de urbanismo y vivienda, tal como aparece en el documento, y no describir qué es ser competitivo en urbanismo. Lejos de aceptar que en esta materia lo único competitivo es (o fue hasta hace poco)  el mercado inmobiliario, omite aceptar principios más demostrados aplicables a las ciencias sociales que analizan los sistemas humanos complejos. El urbanismo lleva décadas volcando su enfoque, además de en la planificación (economía planificada es antítesis de especulación, pues si hay plan no hay cambios súbitos de valor), en términos como la cooperación, los bienes comunes y la acción colectiva. Aunque este tema pueda parecer tangencial, no deja de ser el sentido de la letra del artículo 42 de la Constitución española, nunca convenientemente desarrollado en leyes. En ningún caso cita un beneficiario de las plusvalías distinto de la comunidad, además de la consabida advertencia de la especulación como enemiga de los bienes públicos y del interés general.

 

2.- El  proyecto inicialmente se presenta y justifica como una necesidad de potenciar el sector de la construcción, no a través de nuevas urbanizaciones, que se considera imposible en la situación actual, sino a través de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Estas premisas no permiten atisbar ningún tipo de relación con la problemática de la u urbanización difusa en suelo rural o no urbanizable, y menos aún da a entender o justifica una amnistía sobre las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable.

 

3.- Al contrario, en la sección “Estructura básica de posibles contenidos” todos los apartados hacen mención a actuaciones a realizar en suelo urbano, sobre viviendas ya construidas en las ciudades, no hace mención alguna a las viviendas aisladas en suelo rural. Más aún, en el apartado 5 (página 8) punto 3, especifica claramente: a1.-“Permitir una densidad de viviendas que haga posible reunir en un mismo espacio población suficiente para incentivar intercambios...” y a.2. “Favorecer la ocupación compacta y eficiente del suelo, desarrollando patrones de proximidad y potenciando las relaciones de vecindad.”. Más adelante abunda en otros elementos que apuntan hacia la noción de eficiencia y sostenibilidad urbanas, como la de edificios energéticamente eficientes y su contribución a la mitigación ante el cambio climático. Estos términos reflejan, al menos sobre el papel, el ánimo del legislador de potenciar la ciudad compacta y eficiente como modelo de desarrollo urbano, y al no mencionar otras fórmulas como la construcción diseminada o difusa en suelos no urbanos, está dando a entender que éste no es el modelo por el que se apuesta, al menos en esta sección.

4.- Una limitación que obliga al borrador a circunloquios e imprecisiones es el conflicto competencial, tanto el evidente con las propias CC.AA. (ordenación del territorio, protección del medio ambiente) como uno novedoso al bajar al ámbito de la rehabilitación urbana, el municipal. Al tener especial incidencia en grandes municipios y conurbaciones metropolitanas, la injerencia es aún mayor, de modo que el Título Segundo (conservación e ITE) solapa completamente a marcos normativos ya en plena madurez en ciudades como Sevilla y Málaga. Por ello dedica buena parte del Título Tercero y último a la regulación del marco de relaciones administrativas, mediante fórmulas de cooperación y coordinación. Claro que éstas dependen de la voluntad y oportunidad de conveniar, lo que traslada el objeto de una ley tan ambiciosa a una cuestión de acuerdos y pactos políticos, pero nunca con el impulso preceptivo de una norma superior. Mucho de ello apunta más al conflicto autonómico o a interés financiero inmediato, que a medidas de hondo calado estructural.

 

POR tanto, la innovación más evidente tiene que ver con un ámbito competencial estatal clave, que es la Ley del Suelo, que se modifica en la Disposición Adicional 1ª. Así se inicia con una redefinición de la ordenación del territorio más proteccionista adecuada a un enfoque ambiental y de interés general de dicha ley, a pesar de que data del año 2008. También está mejorado el proceso de participación e información pública acerca de los trámites de modificación urbana, en el apartado de derechos y deberes ciudadanos. La clave de modificación llega al redefinir el derecho de propiedad del suelo, y al someterlo al uso y disfrute conforme a su naturaleza, distinguiendo detalladamente los suelos rurales y urbanos con una extensa variedad de situaciones pero que en definitiva remiten a la legislación reguladora en cada caso, que resulta ser autonómica si exceptuamos las costas, los elementos hidrográficos de cuencas estatales, la Red Natura 2000 y los parques nacionales. También es exhaustiva la relación de valores ambientales, su mantenimiento y conservación, y la prevención de los riesgos ambientales susceptibles.

 

5.- En Disposición adicional primera, punto 9, destaca la incompleta redacción a la hora de considerar como suelo urbano a espacios con algunas carencias o deficiencias propias de éste, pero deja claro en un apartado un detalle de mucho significado en algunos territorios, y es que las vías de comunicación interurbanas no son calles ni viales que soporten infraestructura urbana (tráfico, redes, suministros, servicios)

 

6.- El documento recoge una serie de modificaciones a realizar sobre la legislación  actual relacionada con el urbanismo (ley del suelo, ley hipotecaria, etc.) que incluyen elementos que en principio no guardan ninguna relación con la sección anterior, centrada en la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, lo que resulta un tanto desconcertante y también preocupante, porque en estas nuevas secciones, a diferencia de la sección anterior, no se justifican estos cambios, sino que simplemente se limitan a añadir, quitar o modificar párrafos o artículos enteros de la legislación anterior. Es preciso, entonces, acudir a la intuición para imaginar las intenciones del legislador, pero su justificación nadie la puede asumir más que su propia autoría. Destacamos aquí, pues, un elemento de opacidad que imposibilita el sano y necesario escrutinio democrático. Y sin duda nuestra recomendación es que divida este extenso documento en sus distintas secciones de forma independiente y las justifique debidamente.