Málaga Hoy  | Artículo de Opinión (Magdalena Martín, investigadora del OEG)

Uno de los efectos secundarios de la crisis que nos azota es su repercusión en el ranking de las obsesiones sociales. Desde finales de 2010 el medidor de la opinión pública europea, conocido como Eurobarómetro, da fe de que la preocupación por la situación económica (66%) y el desempleo (54%) son los dos grandes temores de los españoles, compartidos, en el mismo orden pero en menor medida, por nuestros socios de la UE. En tercer lugar nos quita el sueño la inmigración (12%), mientras que a los demás europeos lo que les inquieta es el estado de las finanzas públicas.

El cambio en la percepción subjetiva no altera, sin embargo, la importancia objetiva del fenómeno migratorio, cuyo tratamiento en tiempos de crisis requiere un especial cuidado. Sobre todo, porque es muy fácil apelar a los instintos básicos de la ciudadanía, impotente frente a los abusos de una casta política blindada, ofreciéndole blancos fáciles. 

En este contexto se situarían la eliminación de prestaciones sanitarias a los inmigrantes irregulares y las expulsiones colectivas de subsaharianos en el peñasco de Isla de Tierra. Ambos episodios, pese a sus obvias diferencias, son ejemplos de lo fácil que resulta encontrar cabezas de turco para seguir creyendo que tanto la culpa como el remedio de la crisis no es cosa nuestra, sino de los otros. De hecho, se trata de dos decisiones sumamente discutibles. Hay todo un arsenal de consideraciones éticas y argumentos jurídicos que cuestionan su acierto. Pero lo más grave es que incluso desde la óptica de la eficiencia económica, que sería su principal razón de ser, resultan equivocadas. 

La determinación de privar a los sin papeles de servicios sanitarios universales se ha basado en el falso mito de que han sobre-explotado nuestro sistema, ejerciendo una suerte de turismo sanitario. Sin embargo, los gestores y profesionales sanitarios conocen de primera mano que los verdaderos beneficiarios de este fenómeno son los 5,3 millones de nacionales de los otros países de la UE que, al amparo de la ciudadanía europea, residen legalmente en España gozando de las bondades de nuestro hasta ahora modélico sistema de salud pública. 

A diferencia de estos gerontoinmigrantes, el colectivo de extracomunitarios, por número y edad, no suele hacer un uso intensivo de estas prestaciones, por lo que su exclusión es poco rentable, ya que a la postre provocará, entre otros daños colaterales, la saturación de las colapsadas urgencias, un repunte de las enfermedades infecciosas graves y que el ahorro en atención primaria devengue en gastos extras en hospitalizaciones y especialistas. 

En este mismo orden de cosas, las deportaciones masivas de subsaharianos que han descubierto una nueva vía de acceso al territorio español a través de los islotes suscitan serias dudas sobre su legalidad, pero además se vislumbra como otra decisión poco eficaz. La prueba está en que menos de 24 horas después, muchos los expulsados están de vuelta en Marruecos, dispuestos a repetir su aventura de inmediato. Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ha manifestado su satisfacción por la forma en que se ha zanjado lo que previsiblemente no es sino el primer asalto, obviando entrar en el fondo de la cuestión, donde confluyen tres temas espinosos. 

Por una parte, la frágil situación de las históricamente denominadas "plazas menores de soberanía española", que con la isla de Perejil a la cabeza, han empezado a ser fuente de conflictos de diversa índole que evidencian nuestras dificultades para mantener la soberanía real sobre los mismos. Por otra parte, la dependencia extrema que padecemos de Marruecos para afrontar el control y gestión de los flujos migratorios, y la permanente ambivalencia de nuestro vecino a fin de obtener los mayores réditos a cambio de su colaboración. Y finalmente, el desinterés de buena parte de los demás socios europeos, que parecen ver a España y a los demás países frontera exterior de la Unión Europea como parte del problema y no de la solución. A día de hoy, parece impensable que Merkel se avenga a incluir en la agenda comunitaria cualquier medida que no esté relacionada con el ajuste fiscal y el control de las finanzas ajenas. 

Hecho el diagnóstico, de lo que se trata es de abordar de nuevo la cuestión de la inmigración sin que la demagogia, la crisis y el euro nublen nuestro entendimiento. Y por supuesto, sin legislar y actuar pensando, como sostuvo Sartre, que el infierno son los otros.