Entre los Estados miembros de la Unión Europea y de los países asociados, la exportabilidad de dichos derechos públicos (hablamos de pensiones y de sanidad) se regula mediante normas europeas de coordinación[4] que dejarán de ser obligatorias para Reino Unido tras la desconexión en sus relaciones con los Estados parte[5], y viceversa, siempre que no haya un acuerdo internacional con la UE en su conjunto. Sin embargo, siempre según el Documento, el Gobierno británico se compromete expresamente a seguir manteniendo el derecho de exportación a sus pensionistas, algo, que, por otro lado, es hoy ya una realidad independientemente de la residencia del pensionista[6], ya se encuentre ésta en la UE (mediante los reglamentos europeos) o en un tercer Estado, ora mediante su legislación interna ora mediante acuerdos internacionales.

Lo verdaderamente interesante de la propuesta es algo que sí que preocupaba singularmente a los británicos retirados en España: el compromiso de revisión anual de las cuantías de sus pensiones, como no ocurre, por ejemplo, con los británicos residentes en algunos países terceros. Con todo, en el párrafo 44. del Documento se indica que tanto la exportación como la actualización estarán sujetas a reciprocidad una vez deje el Reino Unido de ser miembro de la UE, y ello sin discriminar entre quienes ya hayan exportado y futuros exportadores de su pensión. Tal exigencia de reciprocidad está en contradicción con la exposición de Theresa May en el Parlamento, pues, de manera taxativa y sin sujeción a terceras voluntades, afirmó: “the UK will continue to export and uprate the UK State Pension”.

Un extremo que sí deberá ser objeto de negociación, a falta de mayor concreción, es si la extensión del derecho de exportación incluye a todos los asegurados por el sistema público británico, independientemente de su nacionalidad, o solo a británicos y nacionales de la UE. Nada dice al respecto el Documento; en la medida en que se alude en él a “la pensión pública británica” y tan pensionistas del sistema son los británicos como los extranjeros. A lo sumo, podría caber una eventual diferenciación entre extranjeros ciudadanos de la UE y nacionales de terceros países.  La cuestión es relevante en relación con el fenómeno gerontomigratorio tanto por los españoles que pudieran querer volverse a España una vez jubilados como por los demás trabajadores que igualmente pudieran tener España o cualquier otro país europeo como destino para su retiro.

Theresa May afirmó que los pensionistas del sistema británico podrían disfrutar de su pensión residiendo en un país de la UE y que la verían anualmente actualizada. Seguidamente precisó: “We will continue to protect the export of other benefits and associated healthcare cover, where the individual is in receipt of those benefits on the specified cut-off date”. Se da así respuesta a una de las reclamaciones esgrimidas con más preocupación por los británicos retirados en la UE continental, en España, sobre todo: es intención del RU acordar con la UE el mantenimiento del actual sistema de atención sanitaria en el país de residencia, con cargo al presupuesto del país de generación de tal derecho, para los residentes actuales, es decir, para los actuales gerontoinmigrantes. Para quienes cambien de residencia tras la desconexión, cuando quiera que fije la fecha de la misma, el Gobierno británico no tiene intención de darle continuidad al sistema actual; sí, en cambio, a la tarjeta sanitaria europea (párrafos 47. a 49. del Documento), pensada para estancias cortas, no residenciales. Es su propuesta de negociación con la Unión.

De esta manera, si por una parte no se ha querido forzar el retorno de los británicos retirados en el resto de Europa, muchos de los cuales ni siquiera mantienen una vivienda a la que volver, por otra parece dispuesto el actual Gobierno británico a dificultar una experiencia que ha generado beneficios tangibles e intangibles para ambas partes. Por ejemplo, recientemente se publicaba un informe en el que se calculaba lo rentable que es para el RU tener pensionistas atendidos por otros sistemas sanitarios, el español en particular, y añadía el problema de la falta de camas y de personal que implicaría tener que atenderlos directamente.

Nuestra impresión, por tanto, tras esta primera toma de posición negociadora, es que el Reino Unido ha hecho una apuesta clara solo por mantener el statu quo actual para los ciudadanos europeos que están residiendo allí y para sus nacionales afincados en el resto de la Unión. Una notable cantidad de ellos son sexagenarios y la mayoría viven en España. El lunes 17 de julio empezaron oficialmente las negociaciones; se reunieron en la sede de la Comisión Europea el responsable europeo, Michel Barnier, y el ministro británico para la salida de la Unión, David Davis, con sus equipos. El Reino Unido se ha reservado para esta nueva fase de la estrategia negociadora el abordaje de los términos de la inclusión de quienes lleguen a una y otra parte tras la desconexión. Su compromiso político para regular la circulación de los nacionales de la Unión Europea es equivalente a la normativa europea actual, pero, ahora ya con competencia legislativa y jurisprudencial británica exclusiva, esto es, sin injerencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Poco más parece poder sostenerse a la luz de tanta imprecisión. La incertidumbre sigue presidiendo la situación.