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Save our homes in Axarquía. Los extranjeros residentes en la comarca malagueña de la Axarquía, la inmensa mayoría británicos, se organizan contra la corrupción urbanística. Alertados por sus “viviendas ilegales”, como ellos mismos reconocen, argumentan que han sufrido el “engaño” de los ayuntamientos de la zona. También de abogados, notarios y agencias inmobiliarias.

“Las licencias de obras las daban los alcaldes, nos entregaron las casas, pero no tenemos ningún documento que acredite la propiedad, tras haberla comprado de buena fe”, acusa Gary Miles, portavoz de la asociación SOHA (Save our homes in Axarquía), en declaraciones a El Confidencial. Miles sabe que la Junta de Andalucía está ahora, tras el estallido del caso Arcos, analizando las denuncias contra los ayuntamientos de la comarca y temen, como los 60 asociados de SOHA, el derribo de sus viviendas. El portavoz del colectivo cifra las casas ilegales “entre 3.000 y 6.000”.

Su caso es común. Británico, de Londres, de 51 años, lleva un lustro viviendo en La Viñuela, un pueblo de 2.000 habitantes enclavado frente al pantano del mismo nombre. Pagó por su casa, de 200 metros cuadrados, 450.000 euros. Buscaba el sol y la vida en el campo. Miles no se quiere marchar, pero otros compatriotas sí lo han pensado y se encuentran con que no sólo su vivienda ha perdido el 40% de su valor, sino que “sin papeles” se encuentran atados sin poder hacer nada. “Algunos extranjeros las han comprado por vacaciones o inversión, pero es imposible venderlas”, alerta Miles.

SOHA se plantea también ir a los tribunales para defender sus derechos. “Vamos a contratar servicios jurídicos para luchar por nuestro caso, incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para esto necesitamos mucho dinero y uno de nuestros objetivos más acuciantes es la recaudación de fondos, es más sensato si todos pagamos juntos en lugar de individualmente”, explican en su página web.

“Curiosamente en diez de esos pueblos [de la comarca de la Axarquía] los extranjeros son ya más del 30 % del censo en 2007, triplicando la media nacional y duplicando la de la provincia, que incluye la Costa del Sol. Ellos son parte del sistema especulativo, con sus Properties y Real Estates, y las víctimas finales, así que es normal que surja la asociación Salvar Nuestros Hogares en la Axarquía (SOHA en inglés)”, denuncia Rafael Yus, presidente de GENA-Ecologistas en Acción.

La mitad de la población del municipio de la comarca malagueña de la Axarquía es foránea y se ha disparado un 63,4% entre 2000 y 2008, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

“No habrá”, argumenta Yus, “demoliciones de casas, porque en última instancia la Junta prefiere llegar a acuerdos de legalización, así que podrían constituir otra como Salvar Nuestros Alcaldes, porque los procedimientos judiciales han implicado ya a media docena, uno de ellos ya inhabilitado”.

Sin embargo, ya el año pasado una vivienda de 80 metros de planta, aún sin culminar su estructura, fue derribada en el entorno del Pantano de La Viñuela, situada en suelo no urbanizable.

La Fiscalía pidió 18 meses de prisión y 17 de inhabilitación para el alcalde de La Viñuela, el socialista Juan Millán, por prevaricación por permitir construir viviendas en la misma zona del inmueble derribado, a sabiendas de que su situación no era regularizable. “No queremos problemas con los españoles. Sólo queremos legalizar nuestras casas y que no nos la derriben”, concluye Gary Miles.

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