El Ayuntamiento ultima el inventario de viviendas irregulares, que se situará en torno a las tres mil en todo el término municipal

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El decreto de la Junta de Andalucía que despejará el camino de la legalización a once mil viviendas de la Axarquía construidas en suelo no urbanizable ha sido acogido con cautela en Mijas, aunque con la certeza de que puede servir para arrojar algo de luz sobre las cerca de tres mil casas irregulares repartidas a lo largo y ancho del término municipal.
«Cada municipio es un caso diferente, aunque si se puede dar una solución en la Axarquía, creemos que aquí también, y por eso estamos trabajando para estar en primera línea», comentaba ayer a este periódico el concejal de Urbanismo, Juan Cruz. No obstante, hay un matiz importante, y es que en el caso de Mijas, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol ha incluido como zona protegida varios diseminados donde ya se había construido, casos de La Atalaya, Entrerríos o Macorra. «Habrá que valorar qué había antes y después de la protección», recalca.

En cualquier caso, para encontrar una solución lo principal es saber de cuántos inmuebles fuera de ordenación se está hablando. El catálogo de construcciones en suelo no urbanizable en el que están inmersos técnicos del Ayuntamiento desde hace más de dos años y que se encuentra en su recta final ha constatado hasta la fecha unas 2.500 viviendas y casas de aperos, por lo que en el Consistorio estiman que en el recuento completo no se llegarán a las tres mil. Para el Ayuntamiento, las opciones de regularización pasan por la aprobación de modificaciones de elementos y planes parciales que abarquen al mayor número posible de inmuebles y en el que los propietarios corran con las cargas urbanísticas y los gastos en urbanización, infraestructuras y equipamientos.

El conflicto de las viviendas irregulares será uno de los principales puntos a tratar en la reunión que hoy mantendrán en Sevilla el alcalde mijeño, Antonio Sánchez, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón. Como anticipo, el regidor municipal se entrevistó ayer con la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez, para conocer de primera mano los planteamientos y propuestas de este colectivo, que agrupa a más de 60 colectivos de afectados en la provincia. «Es un problema genérico que debemos abordar en profundidad y sin atajos y desde el Ayuntamiento tenemos voluntad de solucionarlo. Por ello, apoyaremos todas las medidas que se planteen siempre que éstas sean plenamente legales», afirmó Sánchez.

Pero no serán los únicos trámites que se realicen hasta el momento. Mañana, a petición del PP, se celebrará un pleno extraordinario en el que los populares van a proponer una serie de medidas encaminadas a que se redacte una innovación del planeamiento en el suelo no urbanizable, donde se establezcan los parámetros para la regularización de las viviendas.

Paralización de las multas

Con esta medida, los miembros de la Asociación de Viviendas Irregulares de Mijas (ARV) consideran que se puede «ganar tiempo mientras se pone al día el PGOU». Sin embargo, ellos también solicitan «la paralización de los trámites que siguen , tanto los expedientes administrativos como los judiciales», y evitar así que se desarrollen nuevos casos «que se podrían solucionar con el desarrollo urbanístico», apuntó el presidente, Juan Antonio Blanco.

En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que eliminaron las multas coercitivas en la tramitación de los expedientes que permite a las familias ganar tiempo hasta que se alcance la solución definitiva. Sin embargo, desde el colectivo critican que las sanciones continúan llegando a muchos de los vecinos afectados.

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