El PSOE afirma que no puede paralizar los expedientes de derribo de las construcciones irregulares «hasta que la Junta apruebe el nuevo decreto»

La Opinión de Málaga | Noticia

Mijas celebraba ayer el cuarto pleno extraordinario del presente mandato a petición del Partido Popular, esta vez, para debatir el estado de las numerosas viviendas irregulares que acumula este municipio costasoleño. El debate se preveía intenso, debido a la fragilidad del asunto, pero, finalmente, el anuncio del alcalde de la localidad, Antonio Sánchez, de que la Concejalía de Urbanismo del Consistorio ya trabaja en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en lo que se refiere al suelo no urbanizable, dejó satisfechas, aunque a medias, las peticiones de los populares.

La pretensión del PP no era otra que el inicio de la revisión del planeamiento urbanístico mijeño y la eliminación de los expedientes de derribo que el Ayuntamiento ha abierto a aquellas construcciones irregulares tras la aprobación del la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) por parte de la Junta. En el caso de esta segunda, desestimada por el pleno con los votos mayoritarios del partido socialista.

Sorprendido por el anuncio del regidor, el concejal popular, Manuel Navarro, expresó su alivio al conocer que el Ayuntamiento ya avanza en la modificación del documento, no así respecto al tema de los expedientes sancionadores. «Aplaudimos que se trabaje ya en la revisión, pero, de la misma forma, pensamos que se podrían suspender, a la espera de que la Junta de Andalucía publique el decreto por el cual establezca los nuevos parámetros que habrán de afectar a las construcciones levantadas en suelo no urbanizable», explicó.

3.000 expedientes

En este sentido, el propio alcalde rechazó esta idea de plano al creer que se podía incurrir en algún tipo de ilegalidad.

«Como máximo responsable de este pleno no autorizaré el levantamiento de ningún expediente de derribo hasta que no sepamos por medio del nuevo decreto de la Junta lo que es y lo que no una construcción ilegal. Lo mismo ocurre con la revisión del PGOU», aclaró.

De la misma forma, el regidor advirtió a los numerosos afectados presentes en el salón de plenos que no todas las casas correrán la misma suerte. «Si ahora levantamos todos los expedientes y luego la Junta obliga a derribar algunas casas, estaremos engañando a nuestros vecinos y yo no voy a engañar a nadie. No habrá amnistía. Habrá casas que tendrán que derrumbarse», dijo de manera contundente.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, recordó que el Ayuntamiento de Mijas trabaja también en la elaboración de un catálogo de construcciones irregulares que ya han contabilizado y remitido al ente regional más de 3.000 casos.

Cruz estima en 3.700 el total de edificaciones afectadas. «Estamos haciendo los deberes para ser los primeros en regularizar el máximo de viviendas posible», espetó.

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