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La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) ha conseguido el apoyo del alcalde de Mijas (Málaga), Antonio Sánchez, en una ronda de reuniones llevada a cabo con los municipios malagueños de más de 20.000 habitantes en aras a recabar apoyos para modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y regularizar así las 80.000 viviendas irregulares que existen en la provincia, que, según han precisado, afectan a más de 300.000 vecinos y, de forma indirecta, a casi un millón.

Así, en la reunión del pasado lunes, Sánchez "se mostró de acuerdo con la iniciativa de los ayuntamientos y dijo que nos apoyaría a la hora de presentar esta moción" ante el Parlamento Andaluz, según ha señalado la presidenta APVI, María del Mar Vázquez, a Europa Press.

No obstante, "la solución que me planteó es que están haciendo unos inventarios" de las viviendas irregulares en el municipio, pero, según Vázquez, "llevan tres o cuatro años" elaborándolos y "tampoco recoge la totalidad: 1.500 viviendas cuando hay más de 5.000", ha asegurado.

Por tanto, ha manifestado que "queremos que sea una solución real y llegar al problema, en términos legales", ya que, a su juicio, "se está dando mucha publicidad a las legalizaciones que se están haciendo en la Axarquía, pero no queremos que se juegue a política con los vecinos con anuncios que carecen de realidad", indicando que "el decreto todavía tiene que pasarse a la Junta de Andalucía".

"La solución no es legalizar a base de talonarios, sino buscar una solución equilibrada para todo el problema", ha aseverado la presidenta APVI.

En concreto, un total de 12.760 edificaciones irregulares de la comarca de la Axarquía podrán tener vías de solución, después de que la Junta de Andalucía anunciara el pasado día 4 que dejaba abierta la posibilidad de su legalización. Con este fin, aseguró que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se encuentra elaborando un decreto que establecerá los procedimientos que posibiliten el reconocimiento de estas construcciones, relativa a 22 municipios de la provincia, dotándolas de los servicios básicos.

Próximas reuniones

La presidenta de APVI ha indicado que se encuentra a la espera de que tanto el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón; el secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, como el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, respondan a la solicitud "formal" que ha presentado para reunirse con ellos.

No obstante, tiene previsto otros encuentros con el teniente de alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, cuya cita para el pasado día 8 quedó finalmente aplazada para la próxima semana; con el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón; de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz.

La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares lleva recabadas las colaboraciones del delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez, y del alcalde del municipio malagueño de Coín, Gabriel Clavijo, con los que se reunió la pasada semana, calificando su presidenta ambos encuentros como "muy positivos".

Según ha indicado Vázquez, necesitarían "un mínimo" de 35 mociones como iniciativa de los ayuntamientos, "en representación de 35.000 vecinos" de la provincia de Málaga, que, junto con el texto para la modificación de la LOUA que se encuentran preparando desde la asociación, presentarán en el Parlamento Andaluz. Para ello, cuentan además con el apoyo de otras asociaciones de las provincias de Cádiz y Almería.

Por último, ha señalado que los grupos de trabajo que han organizado con el objetivo de acceder a los pueblos que actualmente no poseen asociaciones a las que dirigirse con este problema "están cansados, porque los vecinos tienen miedo", principalmente, aquellos de los municipios más aislados.

En este sentido, ha señalado que "queremos conocer de primera mano los problemas de todos los diseminados para buscar una solución lo más equilibrada posible a la situación de la provincia", aunque, sin embargo, "nos es difícil llegar a ellos, porque hay que plantear soluciones con sus ayuntamientos, que verdaderamente no tienen la solución", ha concluido la presidenta de APVI.

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