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La Comisión de Peticiones (PETI) de la Unión Europea (UE) va a abordar este jueves una queja de la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-No' (AUAN) que aglutina a ciudadanos británicos residentes en el Valle del Almanzora, en Almería, en la que se da cuenta de la situación que viven los propietarios de las 12.697 viviendas ilegales detectadas en la zona y se califica de "inaceptable" la manera en la que las administraciones han gestionado el desarrollo urbanístico.

La presidenta del colectivo, Maura Hillen, será la encargada de exponer en audiencia el caso en nombre de los afectados aunque también estarán presentes Leonard y Helen Prior, un matrimonio que mantiene un litigio de reclamación de cantidad contra el Ayuntamiento de Vera después de un fallo de lo contencioso-administrativo a instancias de la Junta de Andalucía derivase en la demolición de su vivienda, que contaba con licencia municipal de obras.

Según han precisado desde la AUAN, relatarán a los integrantes de la PETI la situación en la que se encuentran "compradores inocentes" que, a pesar de haber adquirido su propiedad en "buena fe", se enfrentan a la "amenaza de demolición sin esperanza de demolición". En otros casos, añaden, "viven sin acceso a luz y agua al no contar con licencia de primera ocupación o tienen que pagar las deudas de los promotores" en alusión a los gastos de urbanización que garanticen servicios básicos.

Para la asociación, el asunto "contraviene de forma clara" el Tratado y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que España "tiene que ser obligada a respetar y aplicar". "Helen Prior, cuya casa fue demolida en 2008 por la Junta de Andalucía, también tendrá la oportunidad de apoyar a la petición y hablar directamente con el comité ya que ella y su marido Len viven todavía en lo que era su antiguo garaje mientras luchan para conseguirse indemnización a través de los juzgados", han recordado.

Una docena de residentes británicos en el Valle del Almanzora y miembros de la AUAN han interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, al considerar que, en su intervención ante la Cámara autonómica de 9 de marzo, pudo incurrir en un delito tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal al emitir "injurias discriminatorias".

La querella criminal considera que las alusiones que sobre el colectivo realizó Cruz durante su explicación al Parlamento del decreto por el que se va a normalizar la situación de viviendas ilegales en Andalucía constituyen "una difamación" y "una información injuriosa" al responsabilizar a los compradores británicos "de buena fe" y atribuirles "poco menos el haber desembarcado" en la región y "haberse dedicado a construir viviendas ilegales".

Los denunciantes, siete familias propietarias de alguna de las 12.697 edificaciones fuera de ordenación inventariadas en una decena de municipios del Valle del Almanzora por la Junta, señalan como "una injuria destinada a incitar a la discriminación o al rechazo de un colectivo" el que Cruz asegura que desde la Junta se estaba intentando abordar "un problema que se ha producido en Andalucía como consecuencia de la falta de respeto a la cultura del territorio, del paisaje y a la cultura urbanística" o el que afirmase que "sean o no vecinos que se han establecido de buena fe o no de tan buena fe (...) son ellos los responsables de haberlo creado".

Cruz rechazó hace poco que existiese "ningún problema" de sintonía con los alcaldes del Valle del Almanzora después de que cuatro de estos regidores, socialistas, le pidiesen una rectificación a su intervención en el Parlamento autonómico y se ratificó en sus palabras ya que, a su juicio, "se sacaron de contexto" las palabras que han molestado al colectivo. Un día después la AUAN demandaba "responsabilidades políticas" a la consejera andaluza, tildaba sus declaraciones de "insultantes" y advertía de que no las podían "dejar pasar".

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