«Vinimos con mucha ilusión, compramos hace años nuestras casas, pero ahora no sabemos qué va a pasar». Así de preocupado se muestra el presidente de la Asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA), el británico Phillip Smalley. Creada el pasado mes de febrero, la organización agrupa a unos setenta dueños de inmuebles situados en suelo rústico en la comarca más oriental de la provincia.

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«Vinimos con mucha ilusión, compramos hace años nuestras casas, pero ahora no sabemos qué va a pasar». Así de preocupado se muestra el presidente de la Asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA), el británico Phillip Smalley. Creada el pasado mes de febrero, la organización agrupa a unos setenta dueños de inmuebles situados en suelo rústico en la comarca más oriental de la provincia.
 
Tras los últimos escándalos urbanísticos, estos propietarios han querido alzar también su voz en demanda de una solución. Y son de lo más tajantes. Quieren «una amnistía general» para las edificaciones ilegales ya construidas. «Sería el curso de acción con más sentido», apunta Smalley, quien recuerda que el presidente de la Diputación, el socialista Salvador Pendón, ha declarado públicamente: «Cómo es posible que el nuevo PGOU de Marbella legalice 30.000 viviendas y en la Axarquía los fiscales estén imputando a los alcaldes».

El presidente de SOHA ha remitido varios escritos al consejero de Vivienda, Juan Espadas, pidiéndole una reunión, «pero ni ha tenido el gesto de respondernos», se lamenta Smalley, quien explica que los integrantes del colectivo se sienten «frustrados y engañados». «Compramos nuestras casas de buena fe, pensando que eran legales, y ahora nos encontramos con que nos las pueden derribar», argumenta Smalley, quien añade que en caso de que esto llegara a ocurrir, reclamarían una indemnización por el dinero invertido en adquirirlas.

Unanimidad de los alcaldes

Pero la problemática del urbanismo en la comarca de la Axarquía ha ido mucho más allá en los últimos meses y, por primera vez, todos los ayuntamientos han pedido por unanimidad un cambio en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y en el Plan de Ordenación del Territorio (POTAX). Fue a comienzos del pasado julio, en un pleno de la Mancomunidad. En aquella sesión, los 31 ayuntamientos aprobaron una moción en la que acordaron pedir a la Junta cambios en la normativa para «flexibilizar» las construcciones en el campo.

«Hay algo que está fallando y las leyes deben estar hechas no para ponerse en contra de los ciudadanos, sino para resolver sus problemas», declara el presidente del ente supramunicipal, José Domínguez Palma, que insiste en que el desencanto con la normativa andaluza en materia urbanística, aprobada en 2002, es generalizado en la comarca hasta el punto de que los alcaldes no tienen pudor en culpar de la situación actual a la existencia de un marco normativo «disperso y cambiante».

«Existe una problemática, una situación complicada y penosa para miles de personas y lo que tienen que hacer las instituciones es resolver los problemas de los ciudadanos», afirma Domínguez.

Agentes sociales

El presidente de la Mancomunidad explica que la moción propone crear una mesa de trabajo con todos los agentes implicados, instituciones, los colegios oficiales de arquitectos y abogados, la asociación de promotores y constructores, los sindicatos y otros agentes sociales, excluidos los ecologistas, que son los más críticos con la construcción incontrolada en el suelo no urbanizable de la Axarquía.

Por su parte, la Junta de Andalucía reitera que prosigue con el inventario de inmuebles en suelo rústico en la comarca, a través de los convenios con 13 consistorios de la comarca. «Primero hay que conocer la situación real del problema para poder buscar las soluciones», apuntaron fuentes de la Delegación Provincial de Vivienda.

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