Las asociaciones de afectados piden calma a sus asociados hasta que no se conozca el alcance de la nueva norma de regularización .Bufetes de abogados llevan meses ofreciendo sus servicios ante la aprobación del decreto de la Junta.

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Las viviendas ilegales se han colocado en el punto de mira de los bufetes de abogados, conocedores de que más de 60.000 familias de toda la provincia, de las cuales una tercera parte se concentran en la Axarquía, aguardan como agua de mayo la legalización de sus casas.

La aprobación esta semana del Decreto de Regularización de Construcciones y Edificaciones en suelo no urbanizable de Andalucía por parte del Consejo de Gobierno de la Junta no ha hecho sino acelerar la avalancha de ofertas de decenas de los gabinetes jurídicos en un intento de posicionarse ante el filón que representa en plena crisis económica hacerse con tan importante cartera de clientes.

«Llevamos meses recibiendo ofertas de todo tipo procedentes fundamentalmente de bufetes de abogados que de la noche a la mañana parecen estar más interesados que nadie en legalizar nuestras viviendas», señala un miembro de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), de la que forman parte más de 200 afectados, la mayoría residentes extranjeros.

El propio presidente de este colectivo, Philip Anthony Smalley, reconoce que no hay un solo día que no reciban correos electrónicos de algún gabinete jurídico en este mismo sentido. «Sin embargo estamos aconsejando a nuestros asociados que no hagan nada y que aguarden a que analicemos en profundidad el decreto. Muchos de estos bufetes no están especializados en temas urbanísticos y antes de decidir acudir a un profesional hay que saber si es o no el adecuado. De cualquier manera, nuestra asociación lleva tiempo trabajando con un bufete que, pensamos, es uno de los mejores», señala Smalley.

Una situación similar se produce también con la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), que agrupa a medio centenar de colectivos de toda la provincia que tienen en común la misma problemática, que además del ofrecimiento de abogados está recibiendo ofertas de gabinetes de arquitectura. «Antes de hacer nada, los afectados pueden acudir a la asociación. Aquí le podemos aconsejar, aunque somos de la opinión de que el profesional que se contrate debe estar especializado en temas urbanísticos», declara la presidenta de APVI, María del Mar Vázquez.

Con la mosca tras la oreja

«Las ofertas pueden ser bien intencionadas o no, pero estamos con la mosca detrás de la oreja», afirma el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcaucín y miembro de SOHA, Mario Blancke, que aconseja a los propietarios de viviendas ilegales que no se precipiten en la toma de decisiones que puedan tomar a partir de ahora. «Es necesario sopesar cualquier paso, sobre todo teniendo en cuenta que todavía se desconocen incluso los criterios de interpretación de la Junta de Andalucía sobre el Decreto de Regularización. Además estamos hablando de una norma que aún no ha sido publicada en el BOJA», dice Blancke.

Según recoge el propio Decreto en la disposición final tercera, la nueva norma entrará en vigor justo un mes después de sus publicación en el BOJA, por lo que, para Blancke, los afectados disponen de tiempo suficiente para analizar con detenimiento si necesitan o no recurrir a un abogado o cualquier otro profesional, bien un arquitecto o un arquitecto técnico.

No en vano, el mercado potencial de clientes que representan las más de 60.000 familias propietarias de viviendas ilegales en la provincia, ha llevado a algunos bufetes a incluir en sus ofertas el asesoramiento de gabinetes de arquitectura.

Smalley apunta que lo que parece claro es que los abogados pueden hacer su agosto a partir de ahora con los propietarios de casas irregulares una vez que se ha aprobado por la Junta de Andalucía el Decreto de Regularización, dada la desesperación por la que atraviesan muchas familias, que no piensan en otra cosa que en salvar sus casas y porque los propios ayuntamientos podrán requerir de oficio a los dueños que normalicen la situación de sus edificaciones. «Somos personas que hemos destinado todos nuestros ahorros a construir nuestras viviendas y es lógico que tratemos de salvarlas», asegura este residente que se confiesa totalmente «decepcionado» con el decreto de la Junta.  

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