La Junta aprobará mañana el decreto para la regularización de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable

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Los propietarios de viviendas ilegales de la provincia esperan de la Junta de Andalucía una respuesta definitiva para regularizar sus casas, una problemática que afecta a más de 60.000 familias en los municipios malagueños, según estimaciones de la propia Consejería de Obras Públicas y Vivienda. El Consejo de Gobierno aprobará mañana el decreto de regularización de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable de Andalucía, después de que el pasado mes de diciembre el presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunciara que sería el 10 de enero de 2012 cuando se procediera a la aprobación del documento que permitirá la amnistía de miles de viviendas no sólo en la provincia, sino en todo el ámbito de la comunidad.

Los datos barajados hasta ahora por la Junta hablan de más de 300.000 las casas ilegales en la región, de las cuales un 20% se encuentran ubicadas en Málaga y provincia, aunque no existen datos reales sobre la totalidad de edificaciones en suelo no urbanizable que podrán acogerse a la nueva normativa .

Así, las estimaciones varían dependiendo de la fuente. Los afectados calculan que el número de viviendas irregulares puede superar incluso las 80.000. «Lo que es seguro es que son bastante más de las 60.000 de las que habla la Junta», señala la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), María del Mar Vázquez.

Axarquía

Según el presidente de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), Philip Anthony Smalley, solo en la comarca oriental malagueña puede haber unas 30.000 casas ilegales. Esta cifra es sensiblemente superior a la barajada no solo por las asociaciones ecologistas, que siempre han hablado de unas 22.000, sino de las inventariadas por la propia Consejería de Obras Públicas y Vivienda (12.760). A nivel provincial, la Junta solo tiene contabilizadas las edificaciones irregulares en 22 de los 31 pueblos de la Axarquía (Almáchar, Arenas, Comares, Iznate, Moclinejo, Alfarnate, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Alfarnatejo, Algarrobo, Benamocarra, Colmenar, Frigiliana, Periana, Sayalonga y Riogordo). En esta comarca restan aún por inventariar municipios como Alcaucín y La Viñuela, excluidos inicialmente por la consejería al encontrarse inmersos en procedimientos jurídicos muchas de las licencias. Solo estos dos pueblos podría sumar más de 2.500.

Sin inventarios

Tampoco han realizado el inventario localidades como Vélez-Málaga, donde la Junta estima que puede haber otras 4.000 viviendas, el mismo número que se baraja también en el término municipal de Mijas, donde el problema de las construcciones irregulares tiene una gran incidencia sobre la población. En el Valle del Guadalhorce se estiman unas 15.000 casas irregulares.

La inmensa mayoría de los pueblos de la provincia carecen por tanto del inventario de construcciones irregulares aisladas, aunque algunos ayuntamientos han optado por hacerlo con sus propios medios con el objetivo de que el decreto no les sorprenda sin este trabajo realizado. El problema es que las fichas no han sido cotejadas con la Delegación Provincial de Obras Públicas.

«El inventario no es indispensable, pero deseable, ya que facilitará el procedimiento. La filosofía del decreto es analizar caso por caso, por lo que disponer de una ficha pormenoridad de cada casa facilitará la tramitación. Además es bueno que los ayuntamientos que lo hayan hecho lo cotejen con la Junta, porque hay casos en los que no coinciden», explicó el delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez.

El portavoz de las casas de la Axarquía destacó que han sido seis años de lucha hasta lograr el cambio de posicionamiento de la Junta. «La primera que fuimos a hablar la respuesta fue que la ley está para cumplirla. Afortunadamente, hoy ese discurso ha cambiado. Ya es hora del ver el problema resuelto», dijo Smalley.

La aparición del decreto a dos meses y medio para que finalice la legislatura andaluza ha llevado al PP a calificar la medida de «electoralista». 

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