La asociación ciudadana Save Our Homes in Axarquía (Soha) agrupa a unas 400 familias de multitud de nacionalidades, en su mayoría británicas (pero también originarias de Bélgica, Holanda, Suecia o Dinamarca), unidas por la situación irregular de sus viviendas y la lucha comunitaria por la defensa de sus intereses. Sus responsables consideran que el decreto llega con tres años de retraso, «porque el vacío legal» al que estaban sometidos muchos inmuebles ha impedido que algunos residentes hayan podido terminarlos para poder vivir dignamente en ellos».

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En determinados casos, los ciudadanos extranjeros que adquirieron sus casas en el campo para jubilarse y pasar el resto de sus días en España «habían vendido en su país todo su patrimonio». De esa forma, hasta han tenido que volver a trabajar algunos para soportar los alquileres de unas viviendas alternativas a las que compraron.

Estas situaciones fueron publicadas en multitud de medios de comunicación europeos, por lo que, a juicio de estos residentes de Soha, el daño a la imagen turística de Andalucía ha quedado «dañado de por vida». En algunas páginas webs se recomienda la adquisición de inmuebles en otros países, a pesar de los conflictos sociales que atraviesan en la actualidad. Soha ha planteado a la Junta que, una vez que se pueda desarrollar al completo el nuevo decreto, se organicen campañas informativas donde los propietarios puedan conocer realmente cómo quedan sus casas. Y, en caso de que se alcance la seguridad jurídica, se dé a conocer fuera.

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