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15 Febrero 2012 La portavoz de Vivienda del PP-A en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, ha acusado a la Junta de Andalucía de "lavarse las manos y engañar a la ciudadanía" en relación a las 300.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en la Comunidad, ya que, según ha indicado, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del decreto de regularización de viviendas, "éstas seguirán siendo ilegales". El Periódico de Huelva | Noticia Martínez considera que el citado decreto es "demasiado complejo, ambiguo y contradictorio" y que no va a arreglar el problema de que las viviendas estén al margen de la ley. "Las condena a un limbo social, económico y jurídico en el cual las edificaciones serán definitivamente ilegales", ha explicado. La popular añadió que los propietarios afectados quieren tener servicios básicos como agua o luz en sus viviendas, que en muchos casos tienen licencias concedidas por los propios ayuntamientos, pero la Junta que es la competente en la ordenación del territorio ha conocido el problema pero no ha tomado medidas a tiempo. Martínez calificó como "improvisado y electoralista" el anuncio de la Junta de que se va a elaborar un decreto y ha denunciado que ni siquiera se haya revelado el contenido del mismo y que no sea consensuado con los afectados. La portavoz popular abogó por modificaciones legales y, concretamente, por un cambio en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Así, ha recordado que el PP andaluz lleva haciendo propuestas para buscar una solución a este problema desde el año 2008 y que todas han sido rechazadas por el PSOE. Asimismo, indicó que el PP andaluz va a establecer un foro de diálogo con los afectados para buscar soluciones en una "línea segura" con el objetivo de compatibilizar la seguridad jurídica con el respeto al medio ambiente. La portavoz de vivienda del PP- A ha asegurado que, si los ciudadanos depositan su confianza en ellos el próximo 25 de marzo, pondrán en marcha una ley “especial y excepcional” para que estas urbanizaciones tengan seguridad jurídica.
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