La Consejería sostiene que no se puede dar una amnistía para 300.000 casas, ni tampoco decretar su demolición

Abc | Noticia

Las expectativas que tenían muchos propietarios de viviendas construidas en suelos no urbanizables han quedado truncadas tras conocer el contenido del decreto elaborado por la Junta para tratar de regularizar la situación de más de 300.000 inmuebles repartidos por toda Andalucía en zonas aisladas, en hábitats rurales y en urbanizaciones o parcelaciones. La opinión de los colectivos afectados, que este 28 de febrero se manifiestan en Sevilla, es que la normativa no resuelve el conflicto, y que en el algunos casos lo agrava. La Consejería de Obras Públicas, a través de la directora general de Ordenación Territorial, Gloria Vega, sale al paso de tales apreciaciones y asegura que el decreto «lo que tiene detrás es un ejercicio importante de realismo y de equilibrio», de forma que los dueños de las casas saben que no se puede conceder una amnistía a 300.000 viviendas y en el otro extremo, los ecologistas también son conscientes de que «no se pueden derribar».

El 1 de marzo entra en vigor el decreto para la normalización de las viviendas irregulares en Andalucía, consideradas así por haber sido construidas en suelo no urbanizable. Se calcula que son más de 300.000 los inmuebles afectados por una normativa con la que la Junta no ha satisfecho las expectativas de sus dueños.

Sólo una pequeña parte, entre 30.000 y 40.000 de las casas en parcelaciones y en hábitat rural diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculados al mundo rural) pueden aspirar a la legalización con todas las bendiciones y siempre que se incorporen a los planes de ordenación urbanística de los ayuntamientos y no estén en zonas inundables, vías pecuarias o suelos de especial protección. La Consejería de Obras Públicas ha acusado a sus titulares de no querer asumir en muchos casos ni el coste de la regularización. El resto, que son la gran mayoría, las viviendas aisladas, sólo podrá disponer de documentos acreditativos de reconocimiento y suministros, pero seguirán teniendo numerosas limitaciones, por ejemplo realizar obras de ampliación o que incrementen su valor.

Asociaciones se manifiestan hoy por las calles de Sevilla

Según la secretaria general de Ordenación del Territorio de la Consejería, Gloria Vega, la normativa cuantitativamente «da salida», a través de la regularización, a las viviendas aisladas, mientras que las parcelaciones tienen la posibilidad de incorporarse a los planeamientos de los municipios y convertirse finalmente en edificaciones legales. En Andalucía las viviendas aisladas construidas en suelos no urbanizables son aproximadamente 250.000, y la solución que les da el decreto (salvo a las que están inmersas en procedimientos judiciales) no es la legalización como tal, sino la regularización, es decir, que pueden tener papeles (documentos de propiedad, etc.) y suministros de servicios esenciales.

Planes urbanísticos

La normativa considera a estas edificaciones asimiladas fuera de ordenación. Y los propietarios, resalta la secretaria general de la Consejería, «lo que quieren es una amnistía», que «no se va a conceder». Caso distinto es el de las viviendas situadas en parcelaciones, unas 40.000, que sí podrían quedar legalizadas con todos los aditamentos si los ayuntamientos, durante la revisión de los planes urbanísticos, recalifican los suelos siempre que no estén afectados por normativas de protección ambiental.

En este sentido, María del Mar Vázquez, portavoz de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) de Málaga, asegura que el decreto sólo soluciona los problemas de una mínima parte, pero agrava la situación del resto. APVI fue una de las más de veinte agrupaciones similares que recientemente se reunieron en Córdoba para hacer un planteamiento común en sus reivindicaciones. Todos esos colectivos reclaman no sólo la derogación del decreto, sino también la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y apelan al Tribunal Supremo para que se se modifique la sentencia sobre la no prescripción de las sanciones en suelos protegidos. Estas asociaciones han elegido este 28-F para mostrar en una manifestación en Sevilla su contrariedad.

Igualmente tienen previsto constituirse en federación de perjudicados y presentar una iniciativa legislativa popular que trasladarán al Parlamento y a los ayuntamientos, y a la que esperan que se adhieran todos los propietarios de casas en situación irregular. Otra de las iniciativas consistirá en mantener reuniones con todos los partidos políticos.

En algunos casos, legalizar una vivienda puede suponer un desembolso de 30.000 euros

Según la Consejería de Obras Públicas, la LOUA prohíbe la vivienda en el campo si no está vinculada a la actividad agropecuaria; de ahí el interés de los propietarios de estas casas por modificar la normativa. Gloria Vega apunta que entre las asociaciones que se están movilizando hay grupos de parcelistas cuyas viviendas forman parte de los procesos de planeamiento, es decir, que pueden aspirar a la legalización plena. «El problema es que la legalización no termina porque usted se incorpore al planeamiento; el problema es que hay que pagar por los servicios y la infraestructura. Es cierto que dicen que están dispuestos a pagar, pero no lo que les reclaman los ayuntamientos», en algunos casos hasta 30.000 euros.

Añade Gloria Vega que algunos de los colectivos que más se han significado es el de los parcelistas de Córdoba que tienen las casas en zonas inundables, «y no tienen solución. Ellos buscan una amnistía, y si se les legaliza la vivienda tendrían derecho a que la Administración en lugar de tirarles la casa debería hacer obras hidráulicas para quitar la inundabilidad, que es lo que están buscando».

Para la secretaria general, los manifestantes llevan razón en el sentido de que ni el decreto ni la ley «les da solución. Si no quieren pagar, si quieren que la Administración costee las infraestructuras, que les hagan obras hidráulicas para que la casa no se inunde porque se ha construido donde no debía y que el Tribunal Supremo cambie las sentencias, están pidiendo lo más».

De las 300.000 viviendas que se calcula que hay construidas en suelos no urbanizables, la gran mayoría se encuentran en zonas aisladas, unas 250.000. Sólo pueden ser regularizadas, pero no legalizadas. Además, no deben estar inmersas en procesos judiciales, como por ejemplo la anulación de sus licencias. Sus propietarios tendrán derecho a documentos acreditativos y a disponer de los servicios esenciales y estarán facultados para hacer obras de consolidación pero nunca de ampliación. El grupo menor, viviendas en urbanizaciones o parcelaciones y en el hábitat rural diseminado, algo más de 40.000, pueden aspirar a la legalización total integrándose en los planes urbanísticos de los ayuntamientos. En ningún caso el decreto regulariza o legaliza viviendas en suelos de especial protección, en zonas inundables o vías pecuarias. Los dos procesos, legalización y regularización, deben ser costeados por los propietarios.

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