Segunda fase de la Operación Arcos. El exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, ha sido detenido esta mañana junto a otros siete funcionarios por presunta corrupción urbanística en este municipio malagueño de la comarca de la Axarquía y la construcción en suelo no urbanizable.

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El modus operandi de los arrestados consistía en la modificación del catastro a cambio de dinero tras la emisión de informes falsos. Los detenidos falseaban la base de datos del catastro para legalizar construcciones que eran ilegales. Los funcionarios cobraban entre 200 y 300 euros por cada una de las modificaciones. Martín Alba, que pertenecía al PSOE es hoy concejal por un partido independiente, facilitaba las licencias y Francisco Mora, el arquitecto municipal, era el encargado de tramitaba.

Los registros en la sede del Patronato de Recaudación de Málaga, dependiente de la Diputación Provincial, empezaron esta mañana. En la primera fase hubo 55 imputados. En el primer registro incautaron al exalcalde 160.000 euros en metálico que ocultaba bajo el colchón de su casa.  Los delitos que se investigan el juzgado número 3 de Vélez Málaga y la Fiscalía anticorrupción son cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y urbanística, contra ordenación del territorio, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.

Como ya publicó El Confidencial en febrero de 2009, la primera fase de la Operación Arcos destapó una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de Axarquía. En la trama supuestamente se promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.

Save our homes in Axarquía

Los extranjeros residentes en la comarca malagueña de la Axarquía, la inmensa mayoría británicos, se organizaron contra la corrupción urbanística en un colectivo denominado Save our  homes in Axarquía. Alertados por sus “viviendas ilegales”, como ellos mismos reconocen, argumentan que han sufrido el “engaño” de los ayuntamientos de la zona. También de abogados, notarios y agencias inmobiliarias.

“Las licencias de obras las daban los alcaldes, nos entregaron las casas, pero no tenemos ningún documento que acredite la propiedad, tras haberla comprado de buena fe”, acusó Gary Miles, portavoz de la asociación SOHA (Save our homes in Axarquía), en declaraciones a El Confidencial el 5 de marzo de 2009. Miles sabía que la Junta de Andalucía está ahora, tras el estallido del caso Arcos, analizando las denuncias contra los ayuntamientos de la comarca y temen, como los 60 asociados de SOHA, el derribo de sus viviendas. El portavoz del colectivo cifra las casas ilegales “entre 3.000 y 6.000”.

La Junta de Andalucía ya conocía las irregularidades en Alcaucín al menos desde 2006. El caso más flagrante, denunciado ayer por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, tiene relación con el Defensor del Pueblo Andaluz, quien el 20 de febrero de 2009 (27 días antes de la detención del alcalde, José Manuel Martín Alba) ya detectó indicios de irregularidad urbanística en un edificio de 350 apartamentos construido sobre suelo rústico que ocupaba el 100% del territorio. La Junta de Andalucía se limitó en este caso a eliminar unos carteles informativos que informaban de la obra, pero el Defensor del Pueblo le dijo que así no se restauraba “ni el terreno ni la legalidad”. Para el PP se trata de “un claro delito contra la ordenación del territorio”.

La amnistía de la Junta

El exalcalde Martín Alba, más conocido como Pepe El Calayo, de 58 años, era un conocido cantaor por alegrías, soleás y fandangos. El Festival de Flamenco de Alcaucín, que se celebraba en el pueblo que gobernó desde hace 18 años (tras cinco victorias consecutivas por mayoría absoluta), era el gran acontecimiento del municipio de la sierra de la comarca de la Axarquía, a 15 kilómetros de la costa.

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que nació en 2003 para intentar frenar este tipo de construcciones ilegales, se manifestó claramente insuficiente. Alcaucín permitió la construcción de 20.000 viviendas en suelo rústico para aprovechar el boom de residentes extranjeros. La Junta de Andalucía anunció la legalización de 300.000 viviendas en la comunidad andaluza, una especie de amnistía, mediante un decreto para la regularización de las viviendas edificadas en suelo no urbanizable.
 

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