Hace unos días, el presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas criticó que el PSOE haya “demonizado absurdamente al ladrillo”, prometiendo a los andaluces que, si le dan la confianza en las próximas elecciones autonómicas, defenderá “sin ningún tipo de complejos” (como le gusta decir fanfarronamente) por constituir lo que a su juicio es una “pieza clave en la recuperación de la situación económica de Andalucía y en la creación de empleo”.

El Observador | Opinión (Rafael Yus Ramos, Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (

Estas palabras las decía con una enorme fábrica de ladrillos, en Bailén, como telón de fondo. Toda una estrategia electoral para dar en la diana del sentimiento colectivo de depresión tras el reventón de la última burbuja inmobiliaria, la más grande que ha conocido nuestro país. Un mensaje que seguro alentará el voto de los indecisos, el de los absentistas y el de todos aquellos que vivieron tiempos de riqueza incontenida, nunca jamás vivida anteriormente, y que ahora engruesan las filas del paro y la bancarrota.

SI éste es el programa económico que nos tiene reservado el Sr. Arenas para Andalucía, mal asunto. Las declaraciones “sin complejos” de este fanfarrón de la política, que va sobrado porque las encuestas ya le han elegido presidente, ya están animando al todopoderoso sector del mal llamado “turismo residencial”, que no ha tardado en buscar el eslogan promotor (de esto saben mucho): “Andalucía, geriátrico de Europa”. Y a esperar con la caja registradora a mano y un montón de alcaldes dispuestos a recalificar suelos para autofinanciar sus ayuntamientos.

ESTAS noticias enlazan con el concepto de inmigración climática. Al respecto, el pasado día 16 de marzo tuve el placer de participar en el Seminario Universidad-Sociedad El acceso de la vivienda de los jubilados extranjeros en la provincia de Málaga. Resultados del proyecto nacional I+D+i MIRES3i, en la sala de Junta del Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, invitado por la directora del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones (OEG), la Dra. Doña Teresa Echezarreta Ferrer, profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Málaga (1). La invitación, que aparentemente podría pensarse que se aparta del ecologismo, estaba bien meditada, puesto que el fenómeno de los movimientos migratorios de personas mayores jubiladas en nuestra provincia ha sido un elemento importante en la dinámica urbanística que se ha generado en los últimos años. La mencionada doctora, con buen acierto, entiende que esta problemática debe ser analizada desde una perspectiva interdisciplinar, puesto que, como tantos otros temas sociales, este asunto es un prisma con multitud de caras que hay que saber conjugar para alcanzar una visión global y completa de la problemática. En este artículo haré algunos comentarios a propósito del desarrollo del mencionado seminario y concluiré con una propuesta de solución a esta problemática, desde la óptica ambientalista.

El seminario se desarrolló a lo largo de todo el día, desde las 9:30 a las 17h., estructurándose en tres partes llamadas “Diálogos”: el primero referido a la movilidad transfronteriza de jubilados comunitarios, el segundo sobre la adquisición de viviendas y los derechos en materia de contratos, y el tercero, ya por la tarde, sobre la disciplina urbanística y regularización de viviendas ilegales. Fueron invitadas 52 personas, una parte de las cuales eran juristas, profesionales del Derecho en sus diversas facetas del Derecho Administrativo, Civil, Penal, Internacional, etc.; los 35 restantes eran profesores, profesionales, expertos y personas representativas del sector que se analiza: arquitectos, abogados, economistas, geógrafos, registradores de propiedad, notarios, políticos locales, concejales extranjeros, funcionarios de consulados, tocándome a mí representar la perspectiva ecologista. El tono dominante de la sala era de tipo jurista, los argumentos siempre se apoyaban en leyes y normas, aunque ello no impidió que también hubiera opiniones personales y afloraran las ideologías subyacentes.

Lo primero que tengo que decir sobre esta reunión, aparte de agradecer a la Dra. Echezarreta el haber tenido la deferencia de contar con la siempre polémica opinión ecologista, es que en mi opinión el formato no era adecuado para la complejidad de la temática que allí se abordaba. Una “mesa” con 52 personas no es el mejor ambiente para la participación, simplemente por falta de tiempo. De hecho, no llegaron a diez las personas que tuvimos el privilegio de exponer nuestras ideas en el tercero de los diálogos. A este problema hay que añadir el aspecto interdisciplinar: si de lo que se trata es de tener presente todas las caras del prisma, lo aconsejable hubiera sido estructurar la sesión de forma que se asegurara una reflexión de cada aspecto de la problemática y contar luego con tiempo para buscar la síntesis, la relación interdisciplinar constructiva, a través del debate. Con todo, me sorprendí de que en tan poco tiempo emergieran aspectos muy sustanciosos de la problemática y que afloraran perspectivas muy encontradas. Eso sí, sin posibilidad de síntesis por las razones apuntadas.

UN segundo aspecto que me parece pertinente destacar se refiere a la propia denominación del Observatorio, que alude a la Gerontomigración. A mi juicio, esta denominación podría indicar la existencia de un flujo migratorio en todas las direcciones, cuando la realidad es que la migración de europeos jubilados de clase media, que nosotros hemos llamado siempre inmigración climática, es de países norteuropeos y centroeuropeos hacia el sur de Europa, hacia España e Italia, principalmente por su clima, por su sistema sanitario y por sus precios. Por este motivo el término correcto sería GerontoINmigración, como de hecho aparece en las primeras publicaciones de este mismo Observatorio, y yo añadiría el adjetivo: Gerontoinmigración climática, puesto que este movimiento migratorio está estimulado principalmente por la bondad de nuestro clima.

EN cuanto al contenido del debate, me gustaría destacar la ponencia que abrió el Tercer Diálogo sobre Disciplina Urbanística, a cargo de D. Diego Vera, que yo calificaría de lúcida y didáctica. Comenzó por reconocer la complejidad del problema, que tiene multitud de facetas (culturales, organizativas, jurídicas, etc.), desarrollando específicamente la vertiente jurídica. Varios aspectos destacaría de su exposición:

A.- El problema de la excesiva apertura competencial: la administración del territorio está excesivamente abierta, las competencias están excesivamente repartidas entre la Unión Europea, el Estado, las Autonomías y los Municipios. Este panorama de reparto competencial no se resuelve con una racionalidad en la ordenación, sino por vía del conflicto. Esto me recordó inmediatamente la guerra del ladrillo que organizaron los alcaldes de la Axarquía contra la LOUA por considerar que es una ley que “se redactó en los despachos de Sevilla, sin tener en cuenta la realidad de municipios como los de la Axarquía”, pidiendo que se flexibilizara para que se pudiera construir en el campo sin traba alguna, como si esta ley no fuera el resultado de la participación democrática de todos los andaluces a través del Parlamento Andaluz. Este conflicto aparece por el valor especulativo del suelo, y por las posibilidades que brinda de enriquecimiento rápido. El Sr. Vera apuntó sobre la necesidad de dispersar menos las competencias, y al respecto señaló que la nueva Ley del Suelo estatal recabó más competencias, y posiblemente había que seguir por ese camino, como hacen algunos países europeos, como Francia.

B.- El modelo de ciudad que impone la UE. El Sr. Vera recordó que todo el marco normativo relacionado con las restricciones en la urbanización del suelo no urbanizable, el campo, parten de un modelo de ciudad que impone la UE: el modelo de ciudad compacta, que aparece plasmado en documentos como el Libro de la Sostenibilidad. Este modelo impone a todos los países miembros no sólo una forma de ciudad, sino también una forma de ocupar el territorio, tachando de “insostenible”, el desparrame de viviendas por el solar rústico, sean cuales sean las “realidades” locales de cualquier territorio europeo. Al respecto, el Sr. Vera recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reiterado en 12 sentencias que el modelo que establece la LOUA (y sus documentos de desarrollo, los POT) se ajustan al modelo de crecimiento urbanístico que promueve la Unión Europea, y que por tanto está respaldado por el derecho. A la vista está que hay territorios de la UE que no han seguido este modelo fielmente, y uno de ellos es Andalucía, especialmente en determinadas comarcas de valor turístico-residencial.

SOBRE este asunto hubo un letrado procedente de Mijas, así como los concejales extranjeros allí representados, que abogaron por los que se han construido viviendas en el campo porque actuaron de buena fe, creyeron que el tener un terreno les permitía construirse su vivienda y que el problema es que “nos han impuesto un modelo de ciudad desde la UE” que no se ajusta a nuestra realidad. Estas palabras fueron contestada por el propio Sr. Vera, que le recordó que España forma parte de la UE y que por tanto ha contribuido también a la imposición de ese modelo, y que ese discurso de la “buena fe” es lo que nos ha llevado a la situación que tenemos actualmente. Al respecto, el Sr. Díez Ripollés, destacado jurista presente entre los invitados, dejó claro que precisamente ésta es la diferencia entre el Derecho Penal y otros tipos de Derechos allí representados: la defensa del bien común: si una persona se ha hecho una vivienda en el campo “de buena fe”, el asunto no es su actitud, sino el hecho de que ha producido un daño al bien común y esto es lo que hay que restituir, aunque haya que compensar a esa persona si se demuestra que efectivamente obró de buena fe y dispuso de licencia municipal. Sobre este asunto, otro participante, el economista D. Vicente Granados, declaró que él no se cree que unos europeos, conocedores de las leyes que rigen el suelo no urbanizable en cualquier país de Europa, vengan a España pensando que aquí sí es posible hacer lo que en sus países no pueden, y que no sepan qué significa “suelo no urbanizable”, por lo que puso en tela de juicio ese manido concepto de “compradores de buena fe”.

PIENSO que este panorama simplemente se ha contemplado por los centroeuropeos como una cuestión de “ajuste” con reglas implícitas o sumergidas, ajenas al ordenamiento jurídico explícito de nuestro país, llegando a consentir, en muchos casos, en pagar en negro un “impuesto”, al estilo de las mordidas mexicanas, seguramente con el respaldo de asesores jurídicos que han actuado de intermediarios, por lo que ellos han sido víctimas del mismo pecado: la avaricia, que ciega el sentido común, que es lo que tendría que haber prevalecido. Todos sabemos que en una estafa hay dos partes que comparten el mismo sentimiento: el camino fácil del enriquecimiento del vendedor y el comprador. La existencia de cada vez más viviendas en el campo confirman estas sospechas al futuro comprador centroeuropeo: “no debe ser incierto que aquí no se apliquen las leyes cuando hay tantas casas en pie, y no haya ni una sola demolición”. La pescadilla que muerde su cola. Conozco el caso de un inglés, dueño de un hotel rural en la Axarquía, que para construir su hotel tuvo que hacer enormes desembolsos y pagar toda clase de impuestos para cumplir rigurosamente todas las leyes y ahora se escandaliza de que en su entorno se construyan viviendas con total facilidad, sin ningún trámite administrativo e incumpliendo todas las leyes “¿Hice el tonto cumpliendo las leyes?”, se preguntaba.

C.- El problema de la inaplicación de la disciplina urbanística. El Sr. Vera termina dando un repaso al nuevo Decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable, al que calificó de constructo jurídico problemático por sus posibles interferencias con la LOUA. En cualquier caso, lamentó que se tuviera que llegar a este tipo de disposiciones porque lo que está claro es que este Decreto aparece ante un panorama repleto de recursos jurídicos para impedir que se desarrollara el mal que ahora se pretende “reconocer” o legalizar. El problema, dice el letrado, no es la falta de recursos jurídicos, sino que no se hayan aplicado, ni por las administraciones competentes (Junta de Andalucía, Ayuntamientos), ni por la Justicia (que no tomó estos delitos en serio hasta que estalló el escándalo de los Malayas). El Decreto es complejo porque pretende abordar una realidad aún más compleja, heredera de la inacción en la aplicación de los mencionados recursos jurídicos. Este Decreto, pues, tiene una capacidad muy limitada de solucionar los problemas (además de ser técnicamente malo) y está por ver si, tal como está planteado, no tendrá un efecto llamada para una nueva ola de urbanización del campo.

SOBRE este punto, algunos intervinientes criticaron la Ley del Suelo por considerar el suelo no urbanizable como residual, contemplando pocas tipologías urbanísticas, reclamando más “flexibilidad” y poder imaginar otras figuras que concilien los valores naturales y el urbanismo. A mi juicio, esta última intervención no tiene en cuenta que el asunto no se resuelve con flexibilidad, porque es la flexibilidad la que ha conducido a la situación que hemos llegado (ej. 22.000 viviendas en el campo, en la Axarquía) y que cualquier modelo supuestamente intermedio entre lo urbanizable y lo no urbanizable conduce a una modalidad de ciudad difusa, modelo altamente consumidor de energía y recursos, contrario al modelo de ciudad compacta que se preconiza desde todos los ámbitos legislativos. Por otro lado está el asunto de la socialización del derecho: si se consiente hacer casas en esta parte del suelo urbanizable ¿por qué no se puede hacer en mi terreno? Es precisamente ese totum revolutum y ese “café para todos”, lo que de hace de la excepcional casa en el campo un derecho y una regla para todos, de modo que si impacto tiene una vivienda, multiplíquese por decenas de miles.

OTROS participantes abogaban por regularizar de manera rápida todo el mal que se ha hecho y aplicar seriamente la disciplina urbanística en lo sucesivo para que nunca vuelva a pasar lo que ha sucedido. Este tipo de planteamientos me recordó una charla que tuve con un alcalde de la Axarquía cuando en los años 1990s le denunciábamos muchas viviendas en el campo, quien nos decía: “a partir de ahora (recién publicada la LOUA) actuaremos a rajatabla”, y no sólo no se cumplió esta promesa, sino que multiplicó por tres la situación anterior. Aparte de que la avaricia es persistente (de ahí el proverbio de que “rompe el saco”), nadie, absolutamente nadie, que tenga dos dedos de frente, se puede creer que “a partir de ahora se aplicará rigurosamente la disciplina urbanística”, por varias razones, entre ellas: 1) La causa principal no ha desaparecido: el suelo está muy repartido entre los votantes de los municipios rurales, por lo que cualquier actuación impopular, como la demolición de una vivienda, tendrá un coste electoral, y viceversa: “si quieres perpetuarte en el poder, no seas impopular, nada de echar casas abajo”; 2) La urbanización del campo no sólo activa la economía local en una amplia red de ocupaciones, sino que es una importante fuente de ingresos para la financiación de los ayuntamientos, por lo que si se quiere mantener los sueldos de los políticos y los enchufes de sus familiares y amigos en el ayuntamiento, hace falta esa fuente de financiación, máxime ahora que cualquier cosa que se haga siempre estará justificada por el bien de una población parada y muerta de hambre, argumento que por cierto utiliza el Sr. Arenas (PP).

La gerontoinmigración climática

EN este contexto expuesto, de promesas electoralistas para resucitar el ladrillo, a cargo del PP, se desarrolló el mencionado Seminario, con una clara asunción colectiva, por parte de multitud de expertos, sobre la existencia de una problemática, no resuelta, en torno a la urbanización del campo, vinculada lo que venimos denominando inmigración climática, tema central de estudio del Observatorio Europeo de Gerontomigración.  

EL Observatorio propone un test de gerontomigración de diez puntos, el noveno de los cuales se refiere al Equilibrio medio-Ambiental. Cada uno de estos puntos incluye en su análisis “la variante de la plurivinculación cultural, social, económica, estatal y jurídica de los sujetos afectados”. Entre los indicadores de excelencia de este punto medio-ambiental figura “el compromiso del municipio con el entorno natural y su incidencia en la salud de los ciudadanos”. Aunque soy consciente (y me interesa) de la importancia de los otros aspectos de este test, me voy a referir al medio-ambiental, que fue el que desarrollé en el mencionado Seminario, de forma forzosamente muy breve.

EN varios artículos de esta misma columna, y de forma más detallada y extensa en nuestro libro sobre esta problemática (2) hemos tenido oportunidad de desarrollar los factores que influyen en la aparición del fenómeno del urbanismo difuso, las casas en suelo rústico. Así pues, desde nuestro punto de vista, la urbanización del campo es un fenómeno que se reproduce en aquellos puntos de nuestra geografía que reúnen varios factores coadyuvantes: a) Es un suelo rural, y por tanto de bajo valor, muy repartido socialmente, es decir, tiene un régimen de minifundios, de forma que gran parte de la población local es propietaria o familia de propietarios de estas fincas. b) Es una zona de buen clima, entendido como lo desean los centroeuropeos. Esto se cumple en toda la orla del litoral Mediterráneo: altas temperaturas, muchas horas de luz y escasez de vientos y lluvias. c) El emplazamiento potencial de su vivienda tiene buenas vistas, paisajes rústicos y, sobre todo, con un altísimo valor, tiene vistas al mar. d) Está próxima a buenas infraestructuras de comunicación, tipo autovías y para un estatus económico más alto, puertos deportivos, campos de golf, etc. e) Existe una buena red sanitaria, siendo altamente valorado la existencia de un hospital en un radio aceptable. f) El precio de suelo es asequible y el precio de la construcción de una vivienda está muy por debajo del que podría costar en sus países de origen, asequible a su capital ahorrado.

NO es de extrañar, pues, que en todos los lugares donde se cumplen estos factores, se haya producido el boom de la construcción en el campo a cargo de una población de clase media, de origen norte o centro-europeo (a los que ahora habría que añadir los países del Este). Es una población mayor, con diversas dolencias, que son más soportables en climas más benignos que en sus países de origen. Son personas que tienen en su retina la luz, el clima, la hospitalidad, de la gente del sur y aspiran a vivir allí sus últimos años. Son personas de clase media, con espíritu pequeño-burgués, que toda la vida han soñado en vivir como los burgueses, en medio del campo, pero su condición económica y las leyes restrictivas lo impedían en sus países de origen, viendo en el sur de Europa la oportunidad de alcanzar ese estatus, aunque sea de forma aparente. En definitiva, se mueven por un mito que podríamos denominar como “la casa de campo en el Mediterráneo”. Éste es el perfil del inmigrante climático, que engruesa el fenómeno de la Gerontoinmigración en el sur de España.

DESDE la perspectiva local, en las regiones de acogida, se obtiene también un provecho que justifica el binomio indisociable de gerontoinmigración y urbanismo residencial. En efecto, en los municipios del arco Mediterráneo, y más específicamente en aquellos que son pequeños, o rurales, donde se está produciendo una importante pérdida de población por la huida de la mano de obra hacia otros puntos con más posibilidades económica, debido en muchos casos al declive de la actividad agropecuaria como medio de vida, la activación del llamado turismo residencial, gracias a la demanda de norte y centroeuropeos gerontoinmigrantes, supone un maná que hay que saber aprovechar, porque además siempre está el municipio de al lado que por ser más permisivo se lleva su clientela. Nace así el negocio inmobiliario, se crean tramas municipales político-empresariales, en los que la parte política del pueblo se crea y se organiza de la mano de promotores inmobiliarios, dueños de fincas y otros poderes fácticos de los pueblos rurales. La política flexibiliza o simplemente ignora el control urbanístico y, alentados por la falta de acción de otras instancias (ej. Junta de Andalucía), los alcaldes llegan a actuar como si de promotores inmobiliarios se trataran, buscan soluciones para los accesos (partidas para la “mejora de los caminos rurales”), enganches de luz, depósitos para asegurar la acometida de agua, etc. Se va tejiendo así las tramas locales que incentivan el urbanismo difuso en el campo.

LO llamativo de este fenómeno es que prácticamente nadie, y eso incluye a prestigiosos urbanistas malagueños, admite que este tipo de urbanismo (bien ordenado como piden los arquitectos) sea reprobable. Es precisamente esta indolencia, la que nos motivó en su día escribir el mencionado libro (2), con el que pretendíamos demostrar que, lejos de ser un asunto banal, sin consecuencia alguna, el urbanismo difuso de casas en el campo presenta numerosos costes:

1) Costes ambientales. Las casas desparramadas por el campo tienen una huella ecológica tres veces superior a las de una ciudad. Consumen muchísima más energía, principalmente por los largos desplazamientos en automóvil. Consumen mucha más agua, puesto que las exigencias de higiene y la existencia de jardines así lo exigen. Consumen suelo y paisaje, valores cada vez más lejanos para los demás ciudadanos, a pesar de que es un bien común. Y por otra parte, sus residuos, sean aguas residuales o basuras no pueden ser gestionados por el ayuntamiento y por tanto acaban contaminando irremisiblemente el medio.

2) Costes económicos. Este tipo de urbanismo ciertamente da riqueza al sector del ladrillo, moviliza la economía local, pero solo mientras se está construyendo. Esto conduce a una carrera sin fin de construcción, puesto que en el momento en que se termine, todos al paro. Dejamos a un lado el hecho de que gran parte de esta economía del ladrillo entra dentro de redes de economía sumergida y por tanto no repercute en las arcas públicas, necesarias para mantener el estado del bienestar. Y, a propósito, dejamos también a un lado los costes sanitarios que supone esta población senil para un sistema que empieza a ser insostenible. Todas las viviendas construidas se convierten en problemas insolubles para los ayuntamientos: empiezan demandando que se arreglen los caminos deteriorados por la lluvia y el tránsito, que les recojan la basura, que les lleven las cartas, etc. Una bomba de relojería que quita el sueño a los alcaldes. Además, el incremento de la población en el municipio no activa la economía local, porque la mayoría prefiere hacer sus compras en grandes superficies, con lo que los pequeños negocios del pueblo tienen que cerrar. Finalmente, la especulación del suelo aumenta vertiginosamente el precio del suelo y la hace inaccesible para la construcción de viviendas sociales.

3) Costes sociales. El modelo de centroeuropeo aislado en su casa en el campo crea guetos, no se produce una integración entre la población local y los extranjeros. No se aprende los idiomas para comunicarse, no hay intercambio cultural. Estos ciudadanos solos en el campo acaban estando más amenazados por el asalto de maleantes y están en una situación crítica en caso de algún suceso, como una enfermedad grave o un incendio, circunstancias que mientras que en una ciudad se atiende relativamente pronto, en el campo se convierte en una pesadilla, pues ni los bomberos ni las ambulancias tienen por qué conocer cómo llegar a una vivienda en el laberinto de carriles que existe en estos territorios

EL candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Sr. Arenas, no tiene en cuenta estas cuestiones. Irreflexivamente, sin escala de espacio y de tiempo, repite la misma fórmula para los andaluces:  impulsar una nueva burbuja inmobiliaria que nos lleve al climax de un falso desarrollo, que inexorablemente, y de esto que no quede la menor duda, se reventará de nuevo, dejando cada vez más deteriorada nuestra economía. Claro que la Junta de Andalucía tampoco se ha quedado cruzada de brazos, porque ahí están las leyes que ha flexibilizado para resucitar el negocio del ladrillo, ahí está la amnistía urbanística decretada hace un mes, y ahí está la intervención en el desembarco de dinero negro procedente de las mafias rusas para vender el stock de viviendas que los especuladores no pudieron vender por la crisis financiera.

Algunas propuestas

EN contra de lo que alguien pudiera creer, a partir de estos análisis y de nuestra propia trayectoria como asociación ecologista, en estos planteamientos no hay ningún tipo de matiz xenófobo. Al contrario, nuestras críticas van dirigidas principalmente al sector de “acogida”, a cómo los españoles han gestionado el fenómeno de la gerontoinmigración climática, y repruebo, con toda la contundencia que soy capaz, el uso perverso que se ha estado haciendo de esta legítima demanda a una población que debemos considerar como conciudadanos europeos, puesto que la tendencia lógica debería ser la de confederarnos como Unión Europea. Además, no debe olvidarse que el fenómeno que criticamos es compartido por españoles, porque el fenómeno del urbanismo en el campo se ha alentado por la existencia, también, de una demanda de sectores de clase media española, especialmente por aquellos que residen en los pueblos y ciudades y tienen su segunda residencia para fines de semana (retorno al campo), aspiran a tener una vida “de señorito” o bien lo hacen para especular con ella, sea revendiendo o alquilando en negro  bajo el eufemismo de “casa rural”.

SI tomamos como real el fenómeno de la gerontoinmigración europea en España, lo que tiene hacer la Unión Europea y, consecuentemente España y, en nuestro caso, Andalucía, es legislar para que este fenómeno se canalice de una forma sostenible, es decir, beneficie a ambas partes: población inmigrante y acogedora, de forma que no produzca los efectos ambientales, económicos y sociales apuntados anteriormente. Ello supondrá rebajar un poco el mito de la casa de campo para resituarlo en el pueblo mediterráneo, manteniéndose los otros parámetros que hace atractiva la estancia en estos lugares: clima, luz, paisaje, paisanaje, etc. Para ello, esbozaremos algunas propuestas:

ORDENAR el suelo urbano para acoger la demanda residencial de gerontoinmigrantes. Los pueblos pueden ampliar su casco urbano para desarrollar, de manera paulatina, conforme a demanda, el parque de viviendas que se necesite. De ningún modo se debe admitir que este urbanismo se extienda al suelo no urbanizable, ni tampoco se deben crear modificaciones de elementos en parajes apartados del casco urbano. El único modelo sostenible es el de ciudad compacta.

ADICIONALMENTE habría que asegurar que estas viviendas mantengan el estilo clásico y señero de cada pueblo, no rompa con la arquitectura popular y debe estar bien comunicado con el centro. Ello disminuirá drásticamente los problemas ambientales, económicos y sociales anteriormente apuntados.

EL modelo propuesto seguramente generará una red de servicios en el pueblo para atender las necesidades de los nuevos residentes: tiendas, cafeterías, restaurantes, panaderías, etc., además de otros servicios (fontanería, electricidad, carpintería, taxis, empleadas de hogar, jardinería, etc.)

ESTE modelo debe complementarse con la promoción institucional de intercambios culturales. Semana de Inglaterra, de Alemania, etc. Exposiciones artísticas o artesanales. Clases de español para extranjeros y viceversa. Fiestas locales y europeas, etc. Integrar a los nuevos residentes es de capital importancia.

SI se quiere realizar actividad agrícola de afición, en el entorno de los pueblos promover la creación de huertos periurbanos, donde no sólo podrían ir los residentes españoles sino también los gerontoimigrantes.

DEJAR el campo para actividad agrícola, ganadera o fortestal exclusivamente. En las zonas con minifundios, estudiar la creación de cooperativas, tipos de cultivos raros y alternativos, especialmente la agricultura de primor y ecológica. En su defecto, promover la forestación de tierras agrarias a través de ayudas que al cabo de un tiempo revierta en suelo forestal público, lugares de esparcimiento de la población y reductos de biodiversidad. Debe aniquilarse de forma tajante la posibilidad de construir viviendas en el campo, tanto para extranjeros como para españoles, aunque sean de su propiedad.

DEJO aparte los aspectos económicos relacionados con las grandes infraestructuras de servicios. Si los gerontoimigrantes van a residir, deben convertirse en ciudadanos de pleno derecho, cotizar y contribuir al mantenimiento de la red pública de servicios, especialmente los sanitarios. Esto seguramente conllevará acuerdos en la Unión Europea para poder sostener sanitariamente a una población envejecida y dependiente progresivamente más importante, por las tendencias demográficas.

PROSEGUIR la investigación sobre los aspectos jurídicos y económicos de la Gerontoinmigración. Siendo válido el Observatorio Europeo de Gerontoinmigración, proponemos mejorar el formato del debate interdisciplinar. Para ello deben aprovecharse las soluciones que nos brindan las nuevas tecnologías, la posibilidad de crear foros de debate temáticos durante unos días y crear equipos interdisciplinares que estudien la forma de redactar documentos de síntesis donde afloren y concilien todos los aspectos que contempla un abordaje interdisciplinar.

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