El alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, ha informado de los pasos dados por el Ayuntamiento para agilizar al máximo el proceso de regularización de viviendas ilegales que recoge el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado el pasado 15 de febrero.

Diario Bahía de Cádiz | Noticia

En este sentido, el Consistorio ha mantenido reuniones con las 47 áreas de regularización del municipio, además de haberse celebrado reuniones con las federaciones de EMAS y ha anunciado la próxima celebración del Consejo de Distrito de Periferia. En total, han comparecido 1.517 vecinos de dichas vivienda construidas ilegalmente.
 
En dichas reuniones, tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, han informado a los afectados de que con la aprobación del PGOU, sus suelos han pasado de ser no urbanizables a urbano no consolidado. Este paso supone la transformación de 5 millones de metros cuadrados de suelo y la regularización de 5.173 viviendas.
 
Eso sí, existen una serie de obligaciones tanto individuales como colectivas que corren a cargo de los propios vecinos. En cuanto a las obligaciones individuales de cada propietario, está la cesión del 10% del aprovechamiento, la aportación a los sistemas generales así como los excesos subjetivos. De otro lado, en cuanto a las obligaciones colectivas, consisten en la redacción de los instrumentos de planeamiento necesarios como Plan Especial o Estudio de Detalle, así como los proyectos de reparcelación y urbanización, la compensación de las cesiones y la propia urbanización.
 
“FLEXIBILIZACIÓN”
 
No obstante, el edil del PP, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha explicado que la voluntad del Ayuntamiento es “flexibilizar al máximo posible” estas obligaciones para, teniendo en cuenta la actual situación económica, sea más accesible a los vecinos la regularización de sus viviendas. Por eso, se han establecido una serie de mecanismos que también han sido explicados a los vecinos afectados.

En concreto, para las obligaciones individuales, el Ayuntamiento permitirá que se abonen mediante recibos mensuales durante un número de años a contar desde el 1 de enero de 2013. Se establecerá un crédito al 0% y una bonificación del valor de los aprovechamientos.
 
Dentro de estos mecanismos, para las obligaciones colectivas, los propietarios habrán de constituirse en una junta de compensación por mayoría para elaborar los documentos colectivos y urbanizar. El Ayuntamiento permitirá el faseado de las urbanizaciones y se flexibilizará el diseño de los viales, aparcamientos y puntos limpios de recogida de residuos.
 
Todo este proceso estará dotado de una gran seguridad jurídica, con la inscripción registral de los beneficios y cargas del proceso de cara a dotar a las transmisiones en los ámbitos de auténtica seguridad jurídica. Igualmente, estará marcado por una ordenanza municipal cuyas líneas generales estarán culminadas en breve al objeto de fomentar las aportaciones de propietarios, colectivos, profesionales y grupos políticos. La intención del Gobierno municipal es que la ordenanza, que se busca sea lo más participativa posible, esté definitivamente aprobada a primeros de julio.
 
SE ACABARON LAS MULTAS COERCITIVAS
 
Por su parte, el edil de Urbanismo, Diego Muñoz, ha apuntado que la gran novedad del nuevo PGOU en relación con el de 1991 es que aquel solo regularizaba las parcelas, cuando éste nuevo regulariza todo lo existente.
 
Para la obtención de suministros, los vecinos podrán tener autorizaciones provisionales a partir del momento en que se asuman los compromisos individuales y se hayan aprobado los documentos que recogen las obligaciones colectivas.
 
Desde la aprobación del PGOU no se imponen nuevas multas coercitivas al cambiar la calificación del suelo. En cuanto a los expedientes de demolición, expedientes sancionadores y las multas coercitivas ya impuestas, se está estudiando jurídicamente la posibilidad de atenuar sus efectos, entrando en cualquier caso las cantidades que finalmente resulten del cierre de los expedientes flexibilizadas en el mismo número de años que las obligaciones individuales para los propietarios que se incorporen al proceso.
 

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