La mitad de los 106.000 comunitarios retirados en la costa valenciana deberán pedir la residencia para tener atención sanitaria

Las Provincias | Reportaje

España ha sido el lugar elegido por miles de ciudadanos de la Unión Europea (UE) para disfrutar de su jubilación: 278.480 comunitarios mayores de 65 años viven en este país. De ellos, 106.424 están empadronados en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 38,2%, casi cuatro de cada diez.

En pleno proceso de reajustes económicos, el conseller de Sanidad se refirió anteayer mismo al coste que supone la atención médica a las personas más mayores. Además, en el caso de los extranjeros, el dinero que el Gobierno de España recibe de sus países de origen por esta asistencia se reparte por igual entre todas las autonomías, a pesar de que la Comunitat es la que más recursos destina a este servicio.

El real decreto publicado el pasado 24 de abril y que regula el Sistema Nacional de Salud afectará directamente a los ciudadanos de la UE, además de a otros colectivos (como los españoles mayores de 26 años que no hayan cotizado). Los comunitarios, por norma general, tienen derecho a la libre circulación y a vivir en cualquier país de la unión. Pero, a partir de ahora, en España deberán solicitar un permiso de residencia si desean tener la tarjeta sanitaria. Hasta la fecha, bastaba con un certificado de empadronamiento; es decir, quien no tenga los 'papeles' en regla sólo podrá recibir atención en Urgencias.

Con esta medida, se calcula que la sanidad valenciana podrá frenar el coste de atender a los extranjeros (unos 1.000 millones) y, sobre todo, el que genera el turismo sanitario: cerca de 500 millones por atender a extranjeros que llegan a la Comunitat por unos días con la intención de recibir asistencia sanitaria.

El decreto obligará a 112.413 ciudadanos de la UE, el 22% de un total de 506.462 en la Comunitat, a pedir un permiso de residencia, un requisito que antes no era indispensable.

De los más de 112.000 comunitarios empadronados pero sin el estatus de residente, 55.729 son mayores de 65 años y, por tanto, pertenecen al sector de edad con mayor impacto en el sistema público de salud.

El real decreto «demuestra que han fallado los mecanismos para exigir a los países de origen el pago del servicio médico», opina Gunilla Herrera Noren, concejal de Bienestar Social de l'Alfàs del Pi. Alicante es, con gran diferencia, la provincia con mayor porcentaje de jubilados entre los ciudadanos de la UE, con el 32,2%. Le siguen a cierta distancia Málaga (25,9%) y Santa Cruz de Tenerife (23,2%).

En la Comunitat hay diez ciudades con más de 10.000 vecinos de la UE empadronados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística: Torrevieja (33.359), Valencia (29.863), Orihuela (28.694), Castellón de la Plana (27.765), Alicante (15.993), Calpe (15.008), Benidorm (14.893), Xàbia (13.963), Rojales (13.725) y Elche (10.336).

En la Comunitat hay 38 municipios con más del 40% de habitantes foráneos y 19, con más extranjeros que nacionales . Torrevieja, la quinta ciudad valenciana, tiene un 52% de población no española.

«La mayoría tributan»

Además, se calcula que decenas de miles de ciudadanos europeos viven en municipios valencianos varios meses al año, pero sin estar empadronados. Por ejemplo, en l'Alfàs del Pi hay unos 8.000 noruegos, pero sólo hay 2.400 inscritos en el padrón municipal. El decreto también se dirige directamente a esta población flotante.

«La gran mayoría tributan en España. Sólo una pequeña parte en su país», argumenta Gunilla Herrera. Noruega no es miembro de la UE, pero pertenece al espacio Schengen de libre circulación. «La mayoría de los extranjeros no saben que ha cambiado la ley, pero va a haber un auge de inscripciones en el registro de residentes», explica esta regidora alicantina nacida en Oslo.

La proporción de los comunitarios de más de 65 años sería mucho más elevada si no se contara a los rumanos, porque más del 90% son jóvenes en edad de trabajar. 

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