Un grupo de técnicos que se hacen pasar por agentes de la Junta de Andalucía se ofrece para regularizar las viviendas en suelo no urbanizable

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Las viviendas ilegales de la provincia se han convertido con la entrada en vigor del Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía en un mercado bastante atractivo para los bufetes de abogados y gabinetes técnicos. No en vano más de 60.000 familias de toda la provincia, de las cuales una tercera parte se concentran en la Axarquía, se verán afectadas por este decreto, todavía pendiente de la publicación definitiva de las normas directoras que regulan las condiciones de habitabilidad y salubridad que se les exigirá a las casas.

El problema es que están surgiendo supuestos gabinetes multidisciplinares atraídos por el filón que representa en plena crisis económica hacerse con tan importante cartera de clientes que sólo parecen aspirar a aprovecharse de aquellos que no conocen ni las leyes ni el funcionamiento de la administración. Al menos, eso es lo que asegura Save Our Homes (SOHA) -que en castellano significa Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía-, colectivo integrado por más de 400 dueños de casas ilegales, la mayoría extranjeros, que denunció ayer ante el Cuartel de la Guardia Civil de Vélez-Málaga un presunto intento de estafa.

Según esta asociación, la situación ha llegado a tal extremo que incluso se están insertando anuncios en publicaciones editadas en inglés que se distribuyen en la Axarquía donde personas que se hacen pasar por agentes de la Junta de Andalucía (abogados, arquitectos, ingenieros y economistas) se ofrecen para gestionar la legalización de las viviendas.

Anagrama de la Junta

Se trata de anuncios en los que incluso se incluye el anagrama de la Junta de Andalucía. «Así quieren dar a entender que es la propia Junta de Andalucía la que se ofrece para arreglar nuestro problema», explicó el presidente de SOHA, Phillip Smalley, para quien los promotores de este tipo de anuncios sólo persiguen estafar a los extranjeros.

«Nos sentimos engañados. Primero, porque cuando construimos nuestras casas lo hicimos cumpliendo paso a paso todos los requisitos. Nos concedieron licencias, aunque la Junta las impugnó y nos las anularon. Y ahora porque nos encontramos con que hay gente que quiere volver a engañarnos», declaró Smalley, que dijo que llevan meses recibiendo ofertas de abogados y todo tipo de gabinetes, «aunque lo que estamos aconsejando a los socios de SOHA es que esperen, porque desde la asociación seguimos teniendo la esperanza de lograr que la Junta atienda nuestras demandas y se otorgue una amnistía a las casas ilegales», dijo el presidente del colectivo.

Uno de estos anuncios el presunto equipo de agentes de la Junta de Andalucía, que se ofrece para evaluar los casos y emitiendo un presupuesto si compromiso, llega a afirmar incluso que los propietarios de casas en el suelo no urbanizable tienen sólo un plazo de 12 meses para regularizar su situación, lo que ha llevado a un buen número de residentes a dirigirse a los ayuntamientos de la comarca para consultar si ello es cierto que existe un plazo de un año para regularizar las edificaciones.

«En Alcaucín hemos recibido varias consultas de este tipo y les estamos diciendo a los afectados que el Decreto no establece ningún plazo en este sentido. Pensamos que se trata de un intento claro de estafa, hasta el punto de que vamos a poner el caso en conocimiento de la Junta de Andalucía para que actúe en consecuencia», señaló el edil de Urbanismo y miembro de SOHA, Mario Blancke.

Según el edil, por mucho que se quiera ningún ayuntamiento puede comenzar a tramitar la solicitudes de legalización o peticiones de certificaciones de viviendas en asimilado a fuera de ordenación hasta tanto la Junta de Andalucía no pública las normas directoras con los requisitos de habitabilidad y salubridad que se les debe exigir a las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.

En los anuncios publicados en la Axarquía no aparece ninguna dirección del equipo de profesionales, que haciéndose pasar por agentes de la Junta de Andalucía, se ofrece para legalizar las construcciones, sino únicamente un número de teléfono móvil, al otro la del cual contesta alguien que dice ser sólo un enlace con el gabinete encargado de tramitar la regularización y que afirma desconocer incluso la dirección de los técnicos responsables, así como una dirección de correo electrónico. 

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