Consumo de bienes y servicios

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

Mayte Echezarreta Ferrer, directora del OEG

Imprimir

El 30 de septiembre entró en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que flexibiliza los requisitos de extranjería a los inversores extranjeros.

Mediante el Proyecto de Real Decreto de 20/06/2013 se incorporarían al ordenamiento jurídico español dos directivas de la Unión:

El Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, tiene, entre otros objetivos, promover la adquisición de viviendas en España a cambio de facilitar la entrada y residencia de los inversores extranjeros.

La urbanización masiva y los recortes presupuestarios en sectores como la sanidad pueden poner freno al creciente porcentaje de «gerontoinmigrantes» comunitarios (GIC)

Dictamen del CESE de 29/10/2011, sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial»

Mayte Echezarreta Ferrer, directora del OEG

Imprimir

A juicio de la Comisión Europea, la divergencia de las legislaciones vigentes sobre el crédito hipotecario merma el buen funcionamiento del mercado único, aumenta los costes y perjudica a los consumidores. De aquí nació la propuesta de Directiva armonizadora de la regulación de los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, de 31/03/2011. El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE), de 29/10/2011, realiza una serie de críticas a la mencionada propuesta, además de algunas sugerencias. Entre las más destacadas figuran: 1) la exigencia de consentimiento informado de los prestatarios dado su escaso nivel de cultura financiera; 2) la exigencia de una evaluación de solvencia del prestatario recayendo la responsabilidad de impago en el prestamista si dicha evaluación hubiera sido mediocre; 3) la exigencia de habilitación a los intermediarios de crédito que certifique sus competencias y el alta en un registro único de intermediarios, y 4) que los créditos que se concedan no superen entre el 70% y el 80% del valor del inmueble.

El 25 de mayo de 2011, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga dictaba sentencia condenando, por un delito de asociación ilícita y estafa, a un grupo de ciudadanos británicos, franceses, belgas, alemanes, irlandeses y españoles que, de común acuerdo y con el propósito de enriquecerse de forma injusta, llevaban a cabo estafas en el sector inmobiliario de la multipropiedad desde el año 2000 en la Costa del Sol. Muchas de la víctimas consiguieron finalmente, después de 10 años, tener derecho a una indemnización por los perjuicios sufridos.

(OEG agradece la información al abogado Antonio Flores, del despacho Lawbird, que representó a las víctimas). 

La propuesta de Directiva ha de considerarse en el contexto de los esfuerzos dirigidos a crear un mercado interior de crédito hipotecario y con el transfondo de la crisis financiera. A estos efectos, la presente propuesta tiene un doble objetivo. En primer lugar, que consumidores, prestamistas e intermediarios de crédito gocen de un mercado único eficiente y competitivo en el que exista un elevado grado de protección, impulsando, para ello, la confianza del consumidor, la movilidad de los clientes y la actividad transfronteriza de los prestamistas y los intermediarios de crédito, así como condiciones equitativas de competencia, y respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la protección de los datos personales. En segundo lugar, favorecer la estabilidad financiera garantizando para ello un funcionamiento responsable de los mercados de crédito hipotecario.

En la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos, el Parlamento Europeo enuncia los obstáculos para el avance del mercado interior en la UE y propone determinadas medidas de acción en las relaciones transfronterizas. Apunta a la crisis como una de las causas de oposición y desconfianza en el mercado único como consecuencia de las deficiencias y desigualdades derivadas de los sistemas económicos de los Estados miembros y recuerda que las políticas para combatirla no deberían perjudicar al proceso de integración, sino que deberían, por el contrario, ofrecer una oportunidad para reformar, consolidar y mejorar su estructura actual, liberar el potencial de creación de empleo de una economía verde y restaurar la confianza de los ciudadanos, especialmente de los consumidores y de las PYME. 

Poder demandar en el Estado de su domicilio a la empresa, domiciliada en otro Estado, con la que haya contratado por internet una combinación de viaje y alojamiento: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Mayte Echezarreta Ferrer, directora del OEG

Imprimir

En el marco de la movilidad intracomunitaria, la STJUE de 7 de diciembre de 2010 ayuda a resolver en qué casos el consumidor es beneficiario del privilegio de poder demandar en el Estado de su domicilio a la empresa, domiciliada en otro Estado, con la que haya contratado por internet una combinación de viaje y alojamiento. Sólo si el consumidor no se encuentra entre los supuestos que menciona la sentencia, deberá demandar fuera de su domicilio, esto es, en el Estado del domicilio de la empresa demandada.

El 26 de mayo de 2010, la Audiencia Provincial de Málaga dictó una sentencia mediante la cual condenaba a una firma de abogados a la devolución a unos ciudadanos extranjeros del 60% de la provisión de fondos recibida para la gestión de la compra de una vivienda en Marbella.