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20 Diciembre 2011 Los ayuntamientos confían en la legalización de 11.000 inmuebles que ha anunciado Griñán para el 10 de enero La Opinión de Málaga | Noticia Dar servicios públicos básicos y no recibir nada a cambio. Es otra de las aristas espinosas de la problemática de las 11.000 viviendas ilegales que la Axarquía alberga en suelo no urbanizable y que la Junta pretende normalizar mediante un decreto anunciado por su presidente, José Antonio Griñán, para este próximo 10 de enero. Los ayuntamientos más pequeños esperan, como agua de mayo pero en pleno invierno, una medida que reportará de forma conjunta unos 2,2 millones de euros anuales en el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los servicios técnicos municipales de la mayoría de consistorios consultados ayer por este periódico establecían el recibo medio del impuesto de bienes inmuebles para esas casas construidas en el campo en unos 200 euros anuales. Las cuentas son bastante claras. Sólo en Alcaucín, donde se encuentran afectadas más de 1.600 casas irregulares, el presupuesto municipal se verá incrementado en un mínimo de 320.000 euros. Paradójicamente, en plena crisis, este flotador económico puede garantizar hasta las nóminas de medio año en más de un caso. «Es que hemos estado durante años prestando servicio a las casas que eran ilegales sin recibir un céntimo. Es otro problema del que se ha hablado muy poco durante este tiempo», destacaba ayer el alcalde de Sedella, el socialista José Antonio Gutiérrez, en cuyo término municipal hay de 100 a 150 casas por regular. El drama, por supuesto, es para familias que compraron sus viviendas sin saber que eran ilegales, en muchos casos, pero también para las maltrechas arcas públicas de los pequeños pueblos del interior. A las puertas de las elecciones Los regidores del PP o la vicepresidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas (PA), criticaron el retraso del decreto y que Griñán lo vaya a firmar en la recta final de su mandato. Más allá fue el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, quien calificó de electoralista el proceder de la Junta: «Griñán debe de creer que la Axarquía es un tablero de ajedrez donde, según sus intereses personales, mueve ficha sin ton ni son, sin tener en cuenta que hay muchos ciudadanos y alcaldes víctimas de una ley urbanística ambigua».
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