Documentos

Reconocimiento mutuo de medidas de protección de víctimas de violencia en materia civil: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo

Mayte Echezarreta Ferrer, directora del OEG

Imprimir

La propuesta de Reglamento, de 18 de mayo de 2011, establece un mecanismo ágil y eficiente para garantizar que el Estado miembro al que la persona en peligro se desplaza de forma temporal o permanente, reconozca las órdenes de protección adoptadas en materia civil por otro Estado miembro sin ninguna formalidad intermedia. Esta cooperación judicial en materia civil se viene desarrollando sobre la base del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales del art. 81 del TFUE. Las medidas de protección que se subsumen en esta propuesta serán las que no se incluyan dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II-bis, por ejemplo, las medidas de protección que se refieran a una pareja que no esté casada, parejas del mismo sexo o situaciones similares. 

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 16 de noviembre de 2010 y en Seúl el 26 de enero de 2011.

En la Sentencia de 16 de diciembre de 2008, el Tribunal Supremo condena al Ministerio de Justicia a que indemnice a un ciudadano inglés en la cantidad de 210.354,24 euros, más intereses y costas, por haber sido desposeído de su propiedad como consecuencia de una deficiente actuación de la Administración de Justicia que produjo su indefensión, vulnerando el artículo 24 de la Constitución.

La Resolución de 8 de marzo de 2011 de la DGRN resuelve el recurso interpuesto por la Notaría de Llança (Francia) contra la negativa de la registradora de la propiedad de Roses nº 2 a aceptar una certificación de defunción francesa necesaria para inscribir la extinción de usufructo necesaria para una compraventa. La suspensión de la inscripción se basa en la falta de la apostilla en un certificado de defunción de un ciudadano francés que fue mandado vía fax desde el Ayuntamiento de Montlhery (Francia), necesario para la previa cancelación del usufructo vitalicio existente sobre la propiedad. Se contraviene lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario.

El 25 de mayo de 2011, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga dictaba sentencia condenando, por un delito de asociación ilícita y estafa, a un grupo de ciudadanos británicos, franceses, belgas, alemanes, irlandeses y españoles que, de común acuerdo y con el propósito de enriquecerse de forma injusta, llevaban a cabo estafas en el sector inmobiliario de la multipropiedad desde el año 2000 en la Costa del Sol. Muchas de la víctimas consiguieron finalmente, después de 10 años, tener derecho a una indemnización por los perjuicios sufridos.

(OEG agradece la información al abogado Antonio Flores, del despacho Lawbird, que representó a las víctimas). 

En su Dictamen al Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010, el Comité de las Regiones reitera que los entes locales y regionales, por su proximidad a los ciudadanos, son los mejor situados para promover un mayor entendimiento de la ciudadanía europea y  para dar visibilidad a esa ciudadanía y a las ventajas concretas que ofrece a las personas. Asimismo, recuerda la responsabilidad que incumbe a todos los niveles de gobernanza de ayudar a construir una «cultura de los derechos».

La Comisión Europea pone a disposición del ciudadano una guía informativa para aquellas personas jubiladas que deseen trasladar su residencia a otro Estado UE.

La propuesta de Directiva ha de considerarse en el contexto de los esfuerzos dirigidos a crear un mercado interior de crédito hipotecario y con el transfondo de la crisis financiera. A estos efectos, la presente propuesta tiene un doble objetivo. En primer lugar, que consumidores, prestamistas e intermediarios de crédito gocen de un mercado único eficiente y competitivo en el que exista un elevado grado de protección, impulsando, para ello, la confianza del consumidor, la movilidad de los clientes y la actividad transfronteriza de los prestamistas y los intermediarios de crédito, así como condiciones equitativas de competencia, y respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la protección de los datos personales. En segundo lugar, favorecer la estabilidad financiera garantizando para ello un funcionamiento responsable de los mercados de crédito hipotecario.

SOLVIT es una red en línea que se ocupa de cualquier problema transfronterizo entre una empresa o un ciudadano y una autoridad pública nacional que consista en la posible aplicación incorrecta de la legislación comunitaria. 

En la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos, el Parlamento Europeo enuncia los obstáculos para el avance del mercado interior en la UE y propone determinadas medidas de acción en las relaciones transfronterizas. Apunta a la crisis como una de las causas de oposición y desconfianza en el mercado único como consecuencia de las deficiencias y desigualdades derivadas de los sistemas económicos de los Estados miembros y recuerda que las políticas para combatirla no deberían perjudicar al proceso de integración, sino que deberían, por el contrario, ofrecer una oportunidad para reformar, consolidar y mejorar su estructura actual, liberar el potencial de creación de empleo de una economía verde y restaurar la confianza de los ciudadanos, especialmente de los consumidores y de las PYME.